Gallardón presenta la propuesta de ley para la
reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial (LDPJ) continuando así con
su hoja de ruta para desarbolar la actual estructura de la Administración de
Justicia.
CCOO
denuncia que sólo conoce
la propuesta de ley para la reforma de la ley de demarcación y planta judicial tras su publicación en la
página web del ministerio de justicia.
A PESAR DE
QUE LA REFORMA DE ESTA LEY IMPLICARÁ CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EL ARTICULADO DE LA PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA LDPJ YA HABLA DE LA
REORDENACIÓN Y DE LA ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
CCOO EXIGE AL MINISTERIO DE
JUSTICIA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL
FUNCIONARIO SE LLEVE A LA MESA SECTORIAL.
Madrid, 21 de junio de 2013
De nuevo CCOO conoce por la página web del Ministerio de Justicia que Gallardón inauguró
el pasado martes 18 de junio un debate con jueces y expertos juristas sobre la
demarcación y planta judicial (le es indiferente lo que piensen los
trabajadores y las trabajadores) en
dónde presentó el proyecto de reforma de la LDPJ como un “factor de competitividad
para contribuir a generar confianza y traer inversiones” y “transformar en crecimiento económico los
inmensos potenciales de nuestro país”
Además, dejó claro, que todas estas reformas no eran un simple “propósito
del Gobierno” sino que habían sido requeridos de manera urgente por la Unión
Europea para agilizar la reforma
judicial.
Competitividad, inversiones, crecimiento económico ¿dónde quedan las garantías de los derechos
fundamentales y las libertades públicas que propugnan nuestra constitución? ¿Y
la garantía de acceso a la justicia para la ciudadanía para la defensa de estos derechos y
libertades? ¿y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras?
Gallardón proclamó que “desde
ahora quiero anunciar que es intención del Gobierno adoptar una decisión en el próximo mes de octubre para conseguir,
que no sólo en esta legislatura, sino en un plazo razonable las cortes aprueben
la ley”
El 25 de enero del año 2012 Gallardón esbozaba ante la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados la hoja
de ruta del Gobierno en materia de Justicia y, señalaba que su objetivo era
solucionar el exceso de litigiosidad sin
necesidad de destinar más recursos,
señalaba que la solución a los problemas de la Administración de
Justicia pasaba por la desjudicialización de determinados procedimientos,
despenalizar determinadas conductas, fomentar las soluciones extrajudiciales a
través de la mediación, modificar el sistema de
asistencia jurídica gratuita
para evitar abusos y, como esto no eliminará el problema de la masificación en
los juzgados –continuaba diciendo-,
serán
necesarias
otras medidas dentro de los propios órganos judiciales y anunció un nuevo modelo
de tasa judicial para luchar contra el “abuso en el acceso” a los juzgados y
tribunales.
Días después
de la comparecencia en el Congreso anunció su intención de conceder a los
notarios la capacidad de tramitar bodas civiles, y divorcios y, en menos de un
mes, el 21 de febrero, mantiene una primera reunión con el
presidente del Consejo General de Procuradores (¿tendría esa reunión algo que
ver con la reforma de la LEC y la adjudicación a los procuradores de los actos
de comunicación y ejecución
otorgándoles, además, la
condición de agentes de la autoridad?)
Paso a paso,
con altanería y un total menosprecio hacia el
personal que presta servicios en la Administración de Justicia, y a la
ciudadanía, está ejecutando sus planes.
CCOO denuncia la falta de transparencia en la
elaboración de estas reformas judiciales, que conocemos por la página web o por
los medios de comunicación, ya que la
mayoría de las reformas, conllevarán una sustancial modificación
en las condiciones laborales de todo el personal que presta servicios en la
administración de justicia como, por
ejemplo la movilidad geográfica y por lo tanto las organizaciones sindicales deben ser, como mínimo, informadas
y posteriormente llevadas a negociación a la mesa sectorial.
Está claro que Gallardón quiere dejar huella en el Ministerio de justicia
aunque sea a costa de conculcar los derechos de la ciudadanía y del personal
que presta servicios en la Administración de Justicia, a costa de poner en peligro los principios
básicos de un Estado social y democrático de derecho o cargarse la
independencia judicial.
¿Vamos a permitir que este Gobierno, que sigue a pies juntillas los
mandatos de Bruselas, arrase con el
estado de garantía social? No podemos ni debemos permitirlo.
CONCENTRACIÓN
11:30 HORAS
Miércoles 26 Junio
Ante la Sede de la A.P.
de JAEN
DEFIENDE TUS DERECHOS, MOVILÍZATE Y LUCHA!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario