Actualmente existen en España 431
Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con
competencias en materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el
Ministro de Justicia. Estando servidos por unos 3.500 funcionarios de la
Administración de Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.
La privatización del Registro civil
se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única
alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del
Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo
han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.
Los funcionarios de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia
y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo.
Las consecuencias para los
funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia serán nefastas, se
destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de Justicia, que
ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros
derechos a la conciliación de la vida personal y familiar.
Con esta medida, el personal
funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados
con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán
reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No
se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y
tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad
geográfica forzosa.
Pero esta privatización también
tiene serías consecuencias negativas para la sociedad,
- Se produce después de haberse realizado recientemente
un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y
digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones
de euros", inversión pública que "ahora se aprovechará"
para una gestión privada.
- Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia,
una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y
elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro
civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal
usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos
del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.
- Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los
aranceles que van a grabar a algunas inscripciones y actos del Registro
civil y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era
"gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE
YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.
- Los datos relativos al estado civil de las personas
deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales.
Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Por
tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.
Los sindicatos representativos de
los trabajadores de la Administración de Justicia nos oponemos a esta
privatización, ya que el Registro Civil es un servicio público y esencial del
que no se puede prescindir y su gestión ha de materializarse en prestaciones
regulares y continuas que sólo debe pertenecer al Estado
por medio de una Administración debidamente estructurada y cualificada para
poder prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Por ello, las organizaciones
sindicales CSIF, CCOO, STAJ Y UGT, consideramos necesario que sigan estando
servidos por los funcionarios de la Administración de Justicia, pues nadie mejor
que los funcionarios de la Administración de Justicia para ejercer las
funciones propias del Registro Civil, aprovechando la formación y experiencia
que tenemos en estos órganos.
Que por el Ministerio de Justicia se
haya comprometido a mantener todos los puestos de trabajo, de personal
funcionario titular e interino, mediante una disposición en la nueva Ley de
Registro civil que se negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra que la
lucha es útil, no es suficiente.
En este sentido, EXIGIMOS al Ministerio
de Justicia:
Que dé marcha atrás en su
decisión de entregar los registros civiles a los registradores de la
propiedad y mercantiles, pues significaría la privatización inaceptable de un
servicio público prestado por la Administración de Justicia.
Que reconozca expresamente la condición de servicio público
esencial de los Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando
servicios el personal de la Administración de Justicia.
Que, en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos los puestos de trabajo,
tanto del personal titular como personal interino, destinado en los Registros
Civiles, únicos o compartidos, de toda España.
Igualmente, EXIGIMOS
a la Junta de Andalucía:
.- Una
regulación de la jornada y horario negociada,
que permita una verdadera conciliación de la vida familiar y laboral y que no
suponga TRABAJAR MAS HORAS, EN PEORES CONDICIONES Y CON MENOS SALARIO
.- Recuperación del
plan de tardes de los Registros Civiles
.- Recuperación del
5% de las retribuciones que nos ha
robado en 2013
¡¡¡EN
DEFENSA DE LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡DEFENDAMOS
EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!
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