CCOO denuncia al Ministerio de Justicia por la privatización de los servicios de interpretación y traducción para los órganos judiciales

 

CCOO denuncia al Ministerio de Justicia por la privatización de los servicios de interpretación y traducción para los órganos judiciales

CCOO DENUNCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA POR LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADSCRITOS A LAS GERENCIA TERRITORIALES, DESTINANDO 2.762.580 EUROS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO POR PERSONAS EXTERNAS A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Madrid a 11 de noviembre de 2020

 

Se ha publicado en el BOE de 10 de noviembre de 2020, el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua, de los servicios de Interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales, nueva privatización de servicios públicos, a los que nos llevamos oponiendo reiteradamente, porque es un claro intento de entregar completamente este servicio público a empresas privadas, cuyos intereses no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la

ciudadanía a la Administración de Justicia, sino el interés económico inmediato.

 

Este tipo de decisiones la están llevando a cabo los diferentes ministros de Justicia. No es tolerable la utilización de traductores externos, entre otras cosas, porque existen plazas vacantes  en las Relaciones de Puesto de Trabajo, que la Administración se niega a cubrir, por los sistemas  de provisión de puestos de trabajo previstos en el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado.

 

Desde el Sector de Justicia de CCOO, queremos poner de manifiesto la enorme contradicción por el hecho de que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de laAdministración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia.

 

Esta contratación externa afecta a todas las comunidades con las competencias no transferidas, delámbito Ministerio: Gerencia Territorial de Baleares, Castilla y León en Brugos, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Castilla y León en Valladolid, Extremadura y a las ciudades de Ceuta y Melilla: en Burgos 3 plazas, 1 de rumano, 1 de árabes-francés y 1 de árabe. En Segovia 1 de árabe-francés, en Ciudad Real 1 de árabe-francés. Guadalajara 1 de árabe francés. En Madrid en la Audiencia Nacional, 3 de euskera, 1 de alemán, 1 de árabe, 1 de portugués. En Murcia 1 de árabe-francés, en Melilla 3 de árabe-francés, Ceuta 1 de árabe francés. En León 1 de árabe-francés.

 

La insuficiencia de personal, viene arrastrándose desde hace años, debido a  que no se cubren las plazas que se encuentran vacantes de Traductores-Intérpretes, y ello tiene como consecuencia que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para la ciudadanía. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia opta por la privatización en vez de recurrir a la convocatoria de las plazas vacantes en la Oferta de Empleo.

 

Pero si existe, un severo déficit de Traductores Intérpretes, es en la Gerencia Territorial de Baleares, que, de nueve plazas de plantilla, solamente están cubiertas tres, con las siguientes plazas vacante: enPalma de Mallorca, 1 de Traductor de alemán-ingles, está previsto que solamente quede una plaza de dicha especialidad, 1 en Menorca, de alemán-ingles, en Ibiza, 3 de alemán inglés.

 

CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y que se convoquen a Oferta de Empleo Público las plazas imprescindibles para atender las necesidades de traducción que solicitan losdistintos Órganos Judiciales, que el Ministerio de Justicia pretende privatizar, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que dichos servicios se puedan atender con la calidad, que demandan los ciudadanos.

 

En este tipo contrataciones por empresas externas a la administración de Justicia, no se exige en los pliegos de condiciones ningún control sobre el personal que realizará dicho trabajo, si tienen la titulación necesaria o la cualificación profesional, dejando la selección de personal, a la decisión unilateral de dichas empresas, sin ningún tipo de control por la Administración. El hecho de que no se cubran lasplazas que se encuentran vacantes de Traductores intérpretes, tiene como consecuencia, en primer lugar, que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para los ciudadanos, tenemos que resaltar que la traducción y la interpretación tienen en el marco del procedimiento penal un elemento esencial para que las personas acusadas de un delito puedan ejercer su derecho fundamental de defensa. Pero además supone un aumento de las cargas de trabajo, ya que el incremento del volumen de traducciones e interpretaciones y la plantilla actualmente contratada alcanza una ratio que se ha desbordado, por la no cobertura de las vacantes.  

 

Con este tipo de contrataciones, el objetivo, no es el ahorro en el gasto, el único objetivo al privatizar, es hacer negocio con los servicios públicos. Es inadmisible la política del Ministerio de Política Territorial yFunción Pública de no autorizar la cobertura de las plazas vacantes, además de que son ridículas las convocatorias de las últimas Oferta de Empleo Público. La Administración no atiende adecuadamente las necesidades de los servicios públicos que prestan los Tribunales y Juzgados y recurre a empresasprivadas para la gestión del personal que potencia la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad; está demostrado que la opción de privatizar servicios públicos es mucho más cara, eso lo ha demostrado hasta el Tribunal de Cuentas, que ha resuelto, que la gestión pública es más barata que la gestión privada.  Con esta cantidad, de 2.700.000 euros, destinadas a las empresas Seprotec y Ofilingua, se podrían crear casi el doble de plazas de traductores de las ya existentes.

 

Luego, el Ministerio de Justicia además de atacar el empleo público, poner en manos de las empresas privadas el derecho constitucional de defensa, sin garantía de que se cumplan los derechos de las personas, dilapida dinero público, lo que es de una gravedad extrema en todo momento, pero mucho más grave en un momento como el que vivimos con la pandemia sin controlar, en el que el presupuesto público debe gastarse con el máximo cuidado y las garantías necesarias.  

 

CCOO rechaza y denuncia esta decisión, la considera intolerable, porque es contraria a los intereses de la ciudadanía y sin argumentos que la sostengan, pues no nos consta que se haya realizado un estudio detallado y serio que justifique está privatización, y sin más se rechazan cualquier otro mecanismo para atender las necesidades de los órganos judiciales en la realización de traducciones e interpretaciones, que no supongan externalizar los servicios.

 

CCOO apuesta y defiende el empleo público puesto que es la mejor garantía para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía, a la vez se crean puesto de trabajo para muchas personas que esperan la oportunidad para formar parte de dichas plantillas.

 

 Por todo ello, desde CCOO exigimos:

 

- La retirada inmediata de este tipo de contrataciones 

- La cobertura de todas las plazas vacantes y el incremento de las plantillas en la próxima de oferta de empleo público, junto a la dotación de los recursos necesarios para atender las demandas de los Órganos Judiciales, porque con los y las empleadas públicas se garantizan dichos servicios, de forma que puedan atender con la calidad y la objetividad que demandan, y a la que tiene derecho la ciudadanía.

 

También, exigimos que el Ministerio de Justicia se dirija a Función Pública, para solicitar un mayor número de plazas de traductores/as como personal funcionario, en las próximas convocatorias de Ofertas de Empleo Público,  porque las personas traductores-Intérpretes del Convenio Único, puedan presentarse a estas plazas por promoción interna. Tenemos información que el Ministerio de Interior y el de Asuntos Exteriores se han dirigido ya a Función Pública, en este sentido.

 

Además, CCOO exige a Función Pública, para que se inicien de una vez los procesos de conversión delpersonal laboral a personal funcionario (lo denominado, cambio de régimen jurídico), especialmente para Traductores Intérpretes, que es una de las actividades del Anexo II del IV Convenio Único. Y que sea un proceso en el que se tenga en cuenta la enorme experiencia acumulada por este personal, y el acceso a la nueva condición se base en la actividad práctica que realizan cada día estas personas.