CCOO Justicia - Andalucía: El ministro de Justicia vuelve a dejar a 55.000 personas de la Administración de Justicia sin voz en la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria en Justicia
- El Ministerio de Justicia constituye la denominada comisión de seguimiento de coordinación de la crisis sanitaria junto a las comunidades autónomas, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los colegios profesionales
NUEVAMENTE EL MINISTRO DE JUSTICIA DEJA FUERA, DE LAS DECISIONES QUE NOS AFECTAN EN LA CRISIS SANITARIA EN NUESTRO ÁMBITO, AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El ministro de Justicia excluye de dicha comisión a las miles de personas trabajadoras de la Administración de Justicia, mientras manifiesta hipócritamente que "se pretende articular consensuadamente las medidas necesarias para lo referente a la actividad profesional desarrollada en la Administración de Justicia"
¿Con quién pretende consensuarlas el ministro, si vuelve a dejar al margen al colectivo más importante y numeroso, el personal funcionario y el personal laboral, y toma decisiones sin ni siquiera comunicarlas a sus representantes en la reunión que ha tenido lugar hoy mismo?
- La nueva Comisión ha acordado poner a disposición de las autoridades sanitarias –es decir, del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias autonómicas- los servicios de los 765 médicos forenses que no estén prestando servicios esenciales en la Administración de Justicia.
- En el ejercicio de su función, estos profesionales desempeñarán funciones sanitarias de diagnóstico, atención primaria, monitorización o cualesquiera para las que estén capacitados dentro del campo de la medicina.
- La Comisión también pone a disposición de la situación de alerta sanitaria a los 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que pueden dar apoyo en la detección del Covid-19.
- El departamento que dirige Juan Carlos Campo y las consejerías de Justicia de las comunidades competentes en esta materia, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía, elaborarán una norma común sobre prevención de riesgos y medidas de seguridad para funcionarios/as judiciales en todo el territorio del Estado, aceptando así la propuesta que desde hace días le venimos exigiendo desde CCOO y que esperamos que esta vez sea realmente consensuada con la representación sindical.
En la reunión de la mañana del secretario general con los sindicatos representativos, aquél no ha informado del acuerdo que iba a trasladar el ministro de Justicia, unas horas después, a las CCAA transferidas, al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado, por el que se adoptan medidas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos especiales, 765 Médicos Forenses, 180 Facultativos, 84 Técnicos Especialistas y 83 Ayudantes de Laboratorio. Lo que demuestra la opacidad, manipulación y ausencia de voluntad de negociación del ministro de Justicia con las miles de personas trabajadoras de la Administración de Justicia.
CCOO defiende la solidaridad y colaborar al máximo en las medidas necesarias para afrontar esta grave crisis, pero no es de recibo que el ministro la haya tomado unilateralmente y ocultado a la representación del personal afectado con la única intención de apuntarse un tanto ante la opinión pública y ocultar así el descontrol de esta crisis que ha caracterizado su gestión.
Porque el ministro de Justicia ha impedido que en la comisión de seguimiento participen los sindicatos representativos, como le había exigido CCOO y el resto de organizaciones sindicales, cuestión absolutamente imprescindible pues los más de 55.000 personas trabajadoras de la Administración de Justicia son la pieza fundamental para la prestación de los servicios esenciales.
CCOO defiende la solidaridad y colaborar al máximo en las medidas necesarias para afrontar esta grave crisis, pero no es de recibo que el ministro la haya tomado unilateralmente y ocultado a la representación del personal afectado con la única intención de apuntarse un tanto ante la opinión pública y ocultar así el descontrol de esta crisis que ha caracterizado su gestión.
Porque el ministro de Justicia ha impedido que en la comisión de seguimiento participen los sindicatos representativos, como le había exigido CCOO y el resto de organizaciones sindicales, cuestión absolutamente imprescindible pues los más de 55.000 personas trabajadoras de la Administración de Justicia son la pieza fundamental para la prestación de los servicios esenciales.
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