No puede haber más excusas: la nueva situación política (moción de censura o nuevas elecciones) no puede impedir que el personal de la Administración de Justicia no recupere los derechos arrebatados, entre ellos la devolución de los 9 días de asuntos particulares, que lo fueron injustamente en 2012.
CCOO
RECLAMA AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE ADOPTE MEDIDAS URGENTES QUE
PERMITAN QUE EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECUPERE
LOS 9 DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES.
Para
ello, Catalá debe pactar con los grupos parlamentarios mayoritarios
la aprobación
urgente de la reforma de la LOPJ (retirando a su vez todas las enmiendas que suponen una nueva agresión a los derechos del personal) o, en caso de que esto no sea posible por plazos, dictar una orden por la que se modifica la jornada de trabajo, reduciéndola en 22,5 horas anuales (3 días) para todo el personal de la Administración de Justicia.
RAFAEL CATALÁ POLO
MINISTRO DE JUSTICIA
urgente de la reforma de la LOPJ (retirando a su vez todas las enmiendas que suponen una nueva agresión a los derechos del personal) o, en caso de que esto no sea posible por plazos, dictar una orden por la que se modifica la jornada de trabajo, reduciéndola en 22,5 horas anuales (3 días) para todo el personal de la Administración de Justicia.
Este
es el texto íntegro de la carta que CCOO
ha remitido a Catalá, con copia a todo su equipo:
RAFAEL CATALÁ POLO
MINISTRO DE JUSTICIA
El
pasado 18 de diciembre de 2015, el ministro de Justicia y los cuatro
sindicatos más representativos de la Administración de Justicia,
suscribimos un acuerdo, en el que, entre otros aspectos, se recogía
la recuperación de algunos derechos, injustamente arrebatados al
personal de la Administración de Justicia.
Entre
esos derechos, se acordó la recuperación de los 9 días de asuntos
particulares, de los que disponíamos hasta que el Real Decreto Ley
20/2012 los eliminó, junto a otros muchos derechos conquistados a lo
largo de muchos años de reclamaciones y, en muchos casos,
movilizaciones.
El
pasado 6 de octubre de 2017, casi dos años después de ese acuerdo,
el grupo popular presentó en el Congreso de los Diputados una
proposición de Ley, denominada, “Proposición
de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de
permisos y licencias”, que
incluía el compromiso adquirido por el ministro de Justicia con los
sindicatos representativos hace casi dos años.
Pues
bien, desde el 6 de octubre, han pasado casi ocho meses, y dicha
reforma está estancada en el Congreso de los Diputados, pues los
únicos avances que se han producido en su tramitación han sido: a)
ampliación sine die del plazo de presentación de enmiendas que
finalizaba inicialmente el 28 de noviembre, y se ha venido ampliando
hasta el 28 de febrero de 2018 y b) votación de la toma en
consideración de dicha reforma del 24 de octubre de 2017, hace ya
siete meses, que no tuvo votos en contra.
Además,
el grupo popular por iniciativa del Ministerio de Justicia presentó,
sin acuerdo alguno y ni siquiera negociación, más de 50 enmiendas a
esta proposición de Ley el último día de la última ampliación
del plazo para presentar enmiendas, algunas de las cuáles, como la
reforma del artículo 521 sobre los centros de destino, sabe
perfectamente el ministro de Justicia que constituyen una agresión a
los derechos laborales, que las y los trabajadores de la
Administración de Justicia y las organizaciones sindicales
representativas, como CCOO,
rechazamos con la máxima contundencia. Y, como sabe, le hemos pedido
reiteradamente se retiren de la tramitación de esta proposición de
Ley.
Pues
bien, si todo esto no fuera de por sí una situación que requiere de
una acción urgente del ministro de Justicia para acelerar la
aprobación de esta reforma en la dirección de la recuperación de
los 9 días de asuntos particulares para todo el personal de la
Administración de Justicia de todos los ámbitos territoriales (como
sabe, CCOO
también exige su aprobación con efectos de recuperar esos días
respecto a 2017, pues el retraso ya ha sido considerable desde
diciembre de 2015, que suscribimos el acuerdo citado más arriba), y
proceder a la retirada de las enmiendas presentadas por el grupo
popular unilateralmente y sin negociación con los representantes de
los trabajadores, la nueva situación política complica aún más el
panorama.
Si
por una causa o por otra (triunfo de la moción de censura o adelanto
electoral), la disolución de las cámaras se produce antes de la
aprobación de esta proposición de Ley, solo las y los trabajadores
de la Administración de Justicia serán las víctimas de nuevo de
una situación de la que no solo no son responsables, sino que
volverán a sufrir la incapacidad del Gobierno para cumplir en los
plazos adecuados sus compromisos.
Es
por lo que le urgimos a que adopte la iniciativa de inmediato y
proponga a los grupos parlamentarios aprobar esta proposición de Ley
con la máxima urgencia, que incluya la recuperación de los 9 días
de asuntos particulares para todo el personal de la Administración
de Justicia, así como la retirada de las más de 50 enmiendas que ha
presentado a esta proposición de Ley el grupo popular.
Entendemos
desde CCOO que existe consenso entre todos los grupos parlamentarios
mayoritarios en la Cámara para que por acuerdo se proceda a la
aprobación urgente de esta reforma parcial de permisos y licencias
de la LOPJ, si solo se incluye en ella el texto original traído a
esta cámara el pasado 6 de octubre por el grupo popular.
Y
para el caso de que fuera verdaderamente imposible aprobar esta
reforma de la LOPJ, en relación a la recuperación de los 9 días de
asunto particulares, porque se produce la disolución de las cámaras
por una u otra causa en un muy breve plazo, CCOO
le reclama que, con carácter provisional hasta que se pueda aprobar
esta reforma, proceda a modificar la orden que regula la jornada de
trabajo de la Administración de Justicia en cómputo anual, de forma
que 22,5 horas de la jornada anual (3 días) se reduzcan de la
jornada total anual, que quedarían a libre disposición de las y los
trabajadores de la Administración de Justicia para su uso y
disfrute, con la única condición de que lo comuniquen con carácter
previo, de la misma forma y en los mismos términos que se procede
con los días de asuntos particulares. Solo requeriría la
modificación de la Orden
JUS/615/2012, de 1 de marzo y la Orden
JUS/797/2012, de 29 de marzo (que regula la duración de la jornada
de trabajo en cómputo anual del personal al servicio de la
Administración de Justicia y de los Letrados, respectivamente)
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