Rechazada en el Congreso la proposición de ley del PP de modificación del Registro Civil
Incertidumbre para el futuro del Registro Civil tras el NO del
Congreso a la propuesta del PP de modificación de la Ley 20/2011
NI EL GOBIERNO DEL MINISTRO CATALÁ
NI EL PARLAMENTO CONSIGUEN DESBLOQUEAR LA LEY DEL REGISTRO CIVIL QUE
DEBERÍA ENTRAR EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2018
CCOO denunciamos la
incapacidad de la clase política para sacar adelante un Registro
Civil totalmente público, gratuito, cercano a la ciudadanía y
atendido por personal de la Administración de Justicia, como
demandamos las y los trabajadores y toda la sociedad
Madrid a 13 de febrero de 2018
En la tarde de hoy ha tenido lugar en el Pleno del Congreso de los
Diputados el debate y votación para la toma en consideración de la
Proposición de Ley del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011
del Registro Civil.
El debate, que CCOO de Justicia
hemos presenciado en directo desde la tribuna de invitados del
Congreso, ha servido para desenmascarar las posiciones de los
principales partidos políticos y para comprobar que este Ministerio
de Justicia es incapaz de conseguir consensos para solucionar la más
que preocupante situación de nuestra Administración de Justicia.
El Partido Popular ha presentado esta Proposición de Ley al dictado
del Ministerio de Justicia que, por la fortísima presión que hemos
ejercido desde CCOO, recogiendo
las propuestas de la inmensa mayoría de las y los trabajadores, no
ha tenido más remedio que aceptar dos de nuestras principales
reivindicaciones: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito
de la Administración de Justicia y el mantenimiento también de
todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de
Paz.
El PSOE ha votado en contra manifestando abiertamente que no está de
acuerdo en que se mantengan abiertas las oficinas de los partidos
judiciales y Juzgados de Paz, tal y como contempla el texto original
de la Ley 20/2011.
Esta misma posición ha servido a Ciudadanos para argumentar su
abstención.
Ni al PSOE ni a Ciudadanos les ha parecido preocupante la necesidad
de prestar un servicio público cercano y accesible a toda la
ciudadanía, ni el futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que
actualmente hay en los Registros Civiles, a pesar de que intensamente
desde CCOO les hemos venido
trasladado también estas propuestas.
Unidos Podemos, que también ha votado en contra, ha trasladado al
Pleno del Congreso la falta de credibilidad del Partido Popular y del
Gobierno, que se niegan a concretar las competencias de los Juzgados
de Paz y del resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su
cierre. Ha defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales,
incluidos los Juzgados de Paz y también han reclamado que deben
recuperarse para el Registro Civil todas las competencias
privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la
tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio
civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes
actuales del Registro Civil.
La propuesta de Ley del PP no va a ser tramitada, por tanto, en el
Congreso y, en este estado de cosas, la situación actual, que es
altamente preocupante para CCOO,
puede resumirse así:
1.- Unidos Podemos tiene presentada una Proposición de Ley (que es
coincidente con todas nuestras reivindicaciones) que debería pasar
al Pleno del Congreso para su toma en consideración. Por razones
burocráticas (cada grupo político tiene un cupo máximo de
propuestas en función de su representatividad, que Unidos Podemos
tiene superado) este debate en pleno aún no puede llevarse a cabo.
Desde CCOO dudamos mucho que,
aunque se debatiera en el pleno, fuese apoyada por ningún grupo, o
al menos por la mayoría suficiente para ser aprobada, ya que
contiene, por un lado, la recuperación de lo privatizado que
rechazan el PP y Ciudadanos, y, por otra parte, el mantenimiento de
las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y en los
Juzgados de Paz que nunca van a apoyar PSOE y Ciudadanos según han
manifestado hoy.
2.- Si no se aprueba ninguna modificación de la Ley 20/2011 debería
entrar en vigor con su articulado original el 1 de julio de este
mismo año, y recordemos que esta Ley contiene aspectos altamente
perniciosos para el personal de la Administración de Justicia y la
ciudadanía.
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Los Registros Civiles salen de la Administración de Justicia y el personal funcionario que los ocuparía serían también de otras administraciones.
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Solo quedaría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma y, en el mejor de los casos, una más como máximo por cada 500.000 habitantes y los Juzgados de Paz perderían las competencias delegadas en materia de Registro Civil, con las gravísimas consecuencias que tendría para la ciudadanía y para el empleo.
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Para colmo, entraría también en vigor la modificación operada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que los expedientes previos al matrimonio civil se harían ante notario
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Estas importantísimas y nefastas transformaciones necesitarían una serie de medidas (nuevas instalaciones y edificios, personal con la necesaria formación, desarrollos informáticos aún en fase de adjudicación….) que, en opinión de CCOO, harían imposible desde todo punto de vista su puesta en marcha.
Todas estas circunstancias nos hacen a CCOO
exigir con toda contundencia al Congreso de los Diputados un
ejercicio de máxima responsabilidad, dando trámite inmediato a la
Proposición de Ley presentada por Unidos Podemos (Proposición
de Ley del Registro Civil de Unidos Podemos) para su aprobación
tras el debate de las enmiendas que puedan presentarse.
Al mismo tiempo, desde CCOO,
seguiremos presionando a los partidos políticos y al Ministerio de
Justicia para que acepten las modificaciones precisas para conseguir
un nuevo Registro Civil totalmente público, totalmente gratuito,
totalmente informatizado, cercano y accesible para la ciudadanía y
atendido exclusivamente por personal de la Administración de
Justicia
En caso contrario, que no es la mejor solución pero sería
imprescindible para evitar un mal mayor de graves consecuencias,
apostaremos por una nueva vacatio legis que
evite el desastre que para el servicio público del Registro Civil y
para los trabajadores/as supondría la entrada en vigor de la Ley
20/2011 con el articulado actualmente existente.
CCOO hemos criticado y seguiremos
criticando con total dureza la incompetencia del ministro Catalá y
su equipo de dirección, para dar solución a los gravísimos
problemas que afectan a la Administración de Justicia y a sus
trabajadores/as (como muestra, nuestro radical posicionamiento contra
la estrategia para la implantación de las nuevas tecnologías,
contra la falta de medios personales para atender las excesivas
cargas de trabajo, contra la falta de un justo reconocimiento
retributivo a nuestro trabajo, etc, etc…), No obstante, en el Pleno
del Congreso, el ministro de Justicia ha defendido hoy nuestras
reivindicaciones para mantener las oficinas del Registro Civil en los
partidos judiciales y los Juzgados de Paz, argumentando que ese es un
compromiso con las y los trabajadores y los sindicatos
representativos, y sin perjuicio de las numerosas y profundas
discrepancias con su gestión, desde CCOO
valoramos positivamente esta actitud.
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