Más de 24.000 sentencias sin ejecutar, un 13% más que hace un año, ahogan a los juzgados

• Soluciones como una oficina judicial y servicios comunes se llevan planteando desde hace años sin que se lleguen a poner en marcha

• JUAN ESTEBAN POVEDA    10 marzo 2017

«Hace un año ganamos una sentencia en un asunto de familia. Un asunto urgente, un tema de alimentos: había pendiente una madre que necesita el dinero para cubrir las necesidades de sus hijos, y el padre no paga ni un euro. Hace un año. Ayer me notificaron que habían logrado embargar algo. Un año después. Así para todo. No se cumplen las sentencias. Las ejecuciones están atascadas», aseguraba ayer un prestigioso abogado de Jaén que prefiere que su nombre no se publique. Aunque se queja de un problema que no le afecta sólo a él, sino a toda la Justicia. Y no es una impresión subjetiva: los juzgados de Jaén acumulaban 24.232 sentencias sin ejecutar a 31 de diciembre pasado, según datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial. Son un 13% más de las que había un año antes, cuando el TSJA consideraba este problema «muy preocupante». Hace ya siete años que el alto tribunal alertó en un informe que «el derecho carece de sentido y virtualidad práctica si los pronunciamientos de los órganos judiciales no pueden hacerse efectivos». Y a día de hoy, para miles de ciudadanos, las resoluciones de la Justicia son papel mojado.

Pendientes de que la Justicia cumpla sus sentencias están miles de acreedores que no cobran, herederos que no heredan, damnificados sin indemnizaciones, morosos que siguen viviendo como marqueses, empresas que quiebran, sueños que se van a pique ... Mil circunstancias de la vida cotidiana, mil heridas que se pusieron en manos de la Justicia y que no se cierran. «La situación continúa por tanto siendo muy preocupante y -está fuera de toda duda- genera un grave quebranto» al ciudadano, aseguraba hace un año el TSJA, con cifras aún menores a las actuales. Las fuentes jurídicas consultadas explican que los trámites de la ejecución son lentos: oficios, averiguaciones patrimoniales, investigar, procedimientos de embargo de los bienes encontrados ... El condenado tiene tiempo para esconder los bienes que tiene antes de que la Justicia se los reclame. «Es muy frecuente que se haga el trámite de embargo y no se encuentre nada», dicen en los tribunales.

«Si te devuelven una letra y no inicias el pleito inmediatamente te quedas sin cobrar aún con una sentencia favorable, porque los bienes estarán ya embargados por otros acreedores o porque no habrá nada que embargar», recomiendan los letrados.

En la jurisdicción civil se ha pasado de las 17.607 ejecutorias pendientes a principios de 2016 a las 19.284 que figuran en la última estadística del CGPJ. Nadie discute el esfuerzo que hacen jueces, letrados de la administración de Justicia y funcionarios: en el último trimestre les entraron 1.483 sentencias por ejecutar, y lograron cerrar 2.642 expedientes. Pero las cifras acumuladas siguen creciendo.

En lo Penal

En la jurisdicción penal también han aumentado las ejecutorias pendientes. En un año se ha pasado de 3.650 a 4.056, según los datos facilitados ayer por el CGPJ.

Todas las fuentes consultadas en los penales jienenses señalan a las ejecutorias como el cuello de botella que atasca el sistema. Los asuntos que entran hoy son juzgados en catorce o quince meses. Los penales 1, 2 y 3 están señalando dos días a la semana. Tres excepcionalmente (los jueves se reservan para vistas orales que se prevén largas). Podrían señalar más, podrían propiciar más acuerdos previos al juicio, y podrían dictar más sentencias, acortando así las demoras en la celebración de los juicios. Pero no lo hacen porque no tienen medios para ejecutar.

En el Penal 4 hay un juez de refuerzo porque les entra mucho más trabajo del que pueden asumir de acuerdo a los medios con los que está dotado. Un sindicato alertó recientemente de que se le están acumulando las ejecutorias porque la maquinaria del juzgado no es capaz de responder al ritmo que imponen los dos jueces. Se manejan temas delicados, como la libertad de las personas, o la protección de las víctimas.

Hay consenso en que la solución es poner en marcha de servicios comunes de ejecución. La oficina judicial. Se viene reclamando desde hace más de una década. Pero no se crea.