Contra el cierre de los Registros Civiles
Registro Civil: el Ministerio de Justicia lleva un mes escondido sin dar respuesta a las reivindicaciones sindicales
CCOO
SOLICITA A LAS ALCALDÍAS, A LOS Y LAS CONCEJALES/AS Y A LA
CIUDADANÍA DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS POBLACIONES SU IMPLICACIÓN
EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE SU
LOCALIDAD
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Madrid, 21 de marzo de 2017
Utilizando
el engaño, el Ministerio de Justicia garantizó a los representantes
sindicales el mantenimiento de la actual distribución territorial de
las oficinas del Registro Civil abiertas en todas las cabeceras de
partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de paz.
Sin
embargo, incumpliendo su compromiso, en la Conferencia Sectorial de
Justicia, el ministro Catalá
presentó a las Consejerías
Autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del
Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año) con
la siguiente redacción:
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En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
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Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
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En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.
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Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil.
Esto
supone que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito
y de las CCAA con competencias en el suyo el mantenimiento de la
inmensa mayoría de las actuales oficinas sin que quede garantizado
un servicio cercano a la ciudadanía ni el empleo ni las condiciones
de trabajo del personal que trabaja en los actuales Registros Civiles
y Juzgados de Paz y Agrupaciones.
CCOO
se va a dirigir por escrito a los y alcaldes y grupos municipales de
las poblaciones que pueden verse afectadas a fin de que exijan al
gobierno una rectificación inmediata y de que conminen a sus
partidos políticos respectivos para que apoyen el mantenimiento de
las oficinas del Registro Civil de todas las localidades.
Pero
para CCOO
es la ciudadanía la que tiene que exigir a sus representantes
políticos el mantenimiento de los Servicios Públicos gratuitos,
universales y cercanos, evitando así, como se pretende con el cierre
de centenares de oficinas del Registro Civil, desplazamientos a las
oficinas de las grandes capitales o tener que recurrir a gestorías
privadas para la tramitación de sus asuntos cotidianos.
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