CCOO consigue la autorización de Hacienda para que se convoquen el 90 % de las plazas vacantes en Justicia
Acuerdo
para la convocatoria de unas 280.000 plazas (más de 10.000 en la
Admón. de Justicia) en una oferta extraordinaria de empleo público
en el conjunto de las administraciones
CCOO
CONSIGUE EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MINISTERIO PUEDA CONVOCAR EL
90% DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
No
obstante, para CCOO,
la
oferta es absolutamente insuficiente ya que el gobierno se niega a
crear ningún nuevo puesto de trabajo público, a recuperar los que
ha destruido, a garantizar el poder adquisitivo de nuestros salarios
y a recuperar ninguno de los recortes que permanecen en las
retribuciones, en las bajas por IT, en la jornada laboral y en el
resto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas
públicos/as
Madrid a 29 de marzo de 2017
Según
el acuerdo parcial alcanzado en la negociación del conjunto de las
Administraciones Públicas gracias a la presión de CCOO,
el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017
autorizará la convocatoria de hasta el 90% de las plazas
estructurales actualmente ocupadas por personal interino tanto en los
cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia, como en el
personal estatutario de sanidad, personal docente no universitario,
servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación
e inspección y sanción de servicios y actividades.
Se
trata de que la Ley de Presupuestos “daría permiso” a estas
administraciones para convocar estas plazas (hasta ahora lo impedía)
y deberá concretarse en cada ámbito (en justicia, por ejemplo) el
número de plazas y el sistema de acceso.
Esta
oferta de empleo público extraordinaria se desarrollará en tres
años, mediante una o varias convocatorias, lo que también se
concretará en cada ámbito. Según nuestros cálculos, en la
Administración de Justicia deberán convocarse más de 10.000
plazas, aunque el Ministerio sigue negándose a darnos los datos
concretos tras varios años en que llevamos solicitándoselo.
A
pesar del importantísimo avance que para la
lucha contra la precariedad del empleo público supondrán
estas medidas, para CCOO
son absolutamente insuficientes porque:
-
Todas las plazas de plantilla de todas las administraciones y servicios públicos, estén o no ocupadas por personal interino, deben ser convocadas en OEP para ser cubiertas por personal de carrera para dotar de profesionalidad y estabilidad a dichos servicios públicos, evitándose así futuros recortes. En nuestro ámbito, por ejemplo, queda fuera el personal laboral.
-
Debe garantizarse anualmente el 100% de la reposición de los puestos que queden vacantes por cualquier causa (jubilaciones, fallecimientos, excedencias, etc.).
-
Debe incrementarse el empleo público en determinados sectores, como la Administración de Justicia, donde existen centros de trabajo con dotación de personal claramente insuficiente.
En
la Administración de Justicia, CCOO
vamos a seguir proponiendo:
-
La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
-
Una convocatoria con todas las plazas en 2017.
-
El concurso-oposición como sistema de acceso.
-
La reserva del 50% de las plazas para promoción interna a todos los cuerpos, pasando al turno libre las que no quedaran cubiertas por la promoción interna.
-
La cobertura efectiva de todas las plazas convocadas, aumentándose el número de personas aprobadas para cubrir las plazas que sigan estando vacantes por las renuncias o excedencias motivadas por quienes hayan aprobado para varios cuerpos o por quienes hayan aprobado por promoción interna.
-
La convocatoria ordinaria nuevamente en 2018 y en los años sucesivos de ofertas de empleo público con todas las plazas y con el mismo sistema de los anteriores puntos.
-
La creación de nuevos juzgados donde las cargas de trabajo así lo justifiquen con el incremento de personal correspondiente
También
se están negociando en mesa general otras materias de la Ley de
Presupuestos y el gobierno sigue sin reconocernos a los empleados y
empleadas públicas nuestro derecho a recuperar los recortes que se
nos aplicaron con especial saña con la excusa de la crisis
económica. Este mismo gobierno que dice que la crisis ha terminado
continúa empecinado en castigar a sus propios trabajadores y a sus
propias trabajadoras ofreciendo:
1.-
Una subida salarial en 2017 del 1% cuando la inflación está en
torno al 3% volviendo a castigar nuestro poder adquisitivo.
2.-
Mantener la jornada laboral de 37 horas y media semanales y
anunciando beligerancia (recursos ante el Tribunal Constitucional)
contra las administraciones que incumplan esta norma.
3.-
Mantener los descuentos retributivos por IT continuando con el
injusto castigo hacia quienes por motivos de salud nos veamos
impedidos para asistir al trabajo.
4.-
Impedir la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de lo
público manteniendo los recortes y el desmantelamiento de los
servicios públicos aplicados hasta ahora.
Y
todo ello sin ofrecer ni una sola medida tendente a recuperar las
condiciones salariales de 2010 duramente recortadas a la clase
trabajadora mientras especuladores y grandes empresas siguen llenando
sus bolsillos a nuestra costa con la complicidad de estos
gobernantes.
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