HOJA CCOO ANTEPROYECTO DE JUSTICIA GRATUITA ENERO 2013

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Justicia gratuita y mantiene la exclusión de sus beneficios a millones de ciudadanos con escasos recursos, porque solo ampara a un exiguo número de personas

EL GOBIERNO SIGUE ENGAÑANDO A LOS CIUDADANOS: EL ANTEPROYECTO DE JUSTICIA GRATUITA NO ATENÚA LA ENORME GRAVEDAD DE LA LEY DE TASAS, PORQUE LA INMENSA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN SE VERÁ EXCLUIDA DEL ACCESO A LA JUSTICIA

El  Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de justicia gratuita, que pretende justificar como una norma que disminuye el coste que supone para los ciudadanos la recientemente aprobada Ley de Tasas.

La argumentación del Consejo de Ministros acepta por fin que las tasas incrementan los costes para los ciudadanos pero engaña a la opinión pública cuando afirma que se elevan los umbrales de recursos, cuando la verdad es que los reducen o los elevan de forma insignificante: “Dado que las tasas judiciales aumentan los costes procesales, se ha considerado oportuno incrementar

los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que puedan limitar el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos”

Gallardón y el Gobierno mienten descaradamente. Lo único que hace este anteproyecto es condenar definitivamente a la inmensa mayoría de los ciudadanos a no poder realizar ninguna reclamación ante la Administración de Justicia, cuando estén en juego sus legítimos derechos.

Porque mientras el Gobierno ampara de forma vergonzosa, a los delincuentes de cuello blanco como los responsables de la Banca rescatada con fondos públicos que son de los ciudadanos, y no toma ninguna medida para impedir casos, como el caso Pallerols y muchos otros de igual gravedad, aquellos cuyos recursos superan ligeramente el paupérrimo SMI, deberán desistir de defender sus legítimos derechos. Es decir, los que roban a los ciudadanos, si son ricos o de partidos afines, se libran de la cárcel con el apoyo expreso o tácito del Gobierno central y, en este caso, también el de algunas CCAA como Cataluña, y los que carecen de recursos suficientes son condenados a no poder defenderse en los Tribunales de Justicia.

Este anteproyecto de Ley de Justicia gratuita junto a la Ley de Tasas Judiciales (publicada en el BOE el 21-11-2012) es un puro engaño de Gallardón. Se obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos a pagar injustas, enormes y desproporcionadas tasas si quieren defender sus derechos ante la Justicia, mientras el anteproyecto de justicia gratuita solo ampara a una exigua minoría de personas.

Ambas normas aprobadas por el Gobierno suponen un retroceso radical en el servicio público de la Administración de Justicia. Porque hasta ahora, desde que se aprobó la ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita, los ciudadanos con menos recursos pero que no tenían el beneficio de justicia gratuita no pagaban tasas Judiciales y podían defender sus derechos en los Juzgados y Tribunales sin poner en riesgo los recursos destinados a sobrevivir, sin perjuicio de que la Administración de Justicia mantenía graves deficiencias e injusticias que ningún Gobierno ha sido capaz o ha querido corregir.

Ahora, este anteproyecto, a pesar de las declaraciones de Gallardón, no produce avances en relación a los recursos económicos para poder gozar del beneficio de acceso a la justicia gratuita, pues el incremento de ingresos, en algún caso, que el anteproyecto contempla es tan insignificante que no va a permitir a más personas beneficiarse.

Además, los datos que el Gobierno ha publicado en su página web sobre el incremento del umbral para poder acceder a la justicia gratuita que va a suponer este anteproyecto, está lleno de datos falsos que convierten en vulgar propaganda su contenido .

Según el Gobierno, estos son los umbrales de recursos económicos anuales necesarios por debajo de los cuáles se podrá acceder a la justicia gratuita, siempre y cuando no se tenga “un patrimonio suficiente”, patrimonio que queda al criterio de la Administración decidir si lo es o no:

Unidad Familiar	Una persona	Dos miembros	Tres miembros	Cuatro miembros	Circunstancias especiales FAM NUM 1ª clase
Umbral de justicia gratuita actual	14.910 euros 2 veces el SMI				29.821 euros 4 veces el SMI
Umbral de justicia gratuita propuesto	12.780 € 2 veces el IPREM	15.975,33 euros 2,5 veces el IPREM		19.170,39 € 3 veces el IPREM	31.950,65 € 5 veces el IPREM
Variación	-- 2.130 €	1.065,33 €		4.260,39€	2.129,65€

Con estos datos, el Gobierno utiliza un SMI (salario mínimo interprofesional) de 532,5, muy inferior al aprobado por el propio Consejo de Ministros de hace varias semanas (BOE de 31.12.2012), que es de 645,30 euros brutos/mes (14 pagas).

Tampoco el valor del IPREM (índice público de renta de efectos múltiples) que se utiliza por Gallardón es el actual (por cierto, congelado desde 2010). Su valor es de 532,51 euros brutos/mes y no 456,43.

Si utilizamos los valores reales publicados en el BOE de SMI e IPREM en 2013, los umbrales de recursos económicos para acceder a la Justicia gratuita con el anteproyecto son:

Unidad Familiar	Una persona	Dos miembros	Tres miembros	Cuatro miembros	Circunstancias especiales FAM NUM 1ª clase
Umbral de justicia gratuita actual	645,3x2x14=18.068,4 2 veces el SMI*				36.136,8 4 veces el SMI
Umbral de justicia gratuita propuesto	14.910,28 2 veces el IPREM **	532.51x2.5x14=18.637,85 2,5 veces el IPREM		22.365,42€ 3 veces el IPREM	37.275,7€ 5 veces el IPREM
Variación	-- 3.158,12€ El Solicitante tiene aún más difícil acceder a la justicia gratuita	569,45€ El Solicitante tiene igual de difícil acceder a la justicia gratuita, pues la variación es imperceptible: 40,6€/mes		4.297,02€	1.138,9€

*SMI (Salario mínimo interprofesional) mensual 1-1-2013: 645,30 euros

**IPREM (índice público de renta de efectos múltiples) mensual 2013, congelado: 532,51 euros

Como se verá, la primera tabla, la utilizada por el Gobierno, con datos falsos de SMI e IPREM, pretende demostrar la mejora de este anteproyecto sobre la ley de 1996, algo que queda destrozado con los datos de la segunda tabla, cuando se utilizan los datos actualizados a día de hoy de SMI e IPREM, que demuestran que este anteproyecto no representa mejoras para los ciudadanos.

Por tanto, el Gobierno presenta un anteproyecto de justicia gratuita que no compensa de ninguna forma los gastos que suponen la escandalosa Ley de Tasas, pues millones de ciudadanos con escasos recursos seguirán excluidos de la Justicia gratuita y a su vez no podrán acceder a la Administración de Justicia, porque deberán escoger entre dedicar sus ingresos a la vivienda y manutención o a defender sus derechos ante los Tribunales.