Publicado hoy en el BOE el Convenio
de colaboración de la Secretaria de Estado de Justicia
con el Consejo General de la Abogacía Española, de
habilitación para la presentación electrónica de
solicitudes de nacionalidad española por residencia
COMO
HABÍAMOS VENIDO DENUNCIANDO DESDE CCOO,
SE CONSUMA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA
SOLICITUDES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA
Esta función, que venía siendo realizada
de forma pública y gratuita en los Registros Civiles, podrá ser
ahora ejercida por los y las abogadas que cobrarán por ello a
quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte
las personas que no dispongan de medios económicos suficientes
Desde el pasado día 1 de Julio de 2017, y conforme lo dispuesto en
la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la
solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder
efectuarse a
través de los Registros Civiles siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a través de registros administrativos.
través de los Registros Civiles siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a través de registros administrativos.
CCOO ya advertimos que esta
medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e
implantación de las nuevas tecnologías en la administración, lo
que escondía en realidad era una privatización más de este
gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de
determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público
que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la
Abogacía que se publica hoy en el BOE, y que se une a los firmados
anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de
Procuradores, nos da lamentablemente la
razón. El Ministerio pudo optar por implantar en los Registros
Civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran
gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia,
porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la
efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que
garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación
que necesariamente ha de adjuntarse.
Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado
ya que cualquier abogado o abogada, sin ningún requisito de
formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio
y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.
Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados se
cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por
residencia una cantidad libremente establecida por los y las abogadas
o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades
máximas) de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y
no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún
tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en
los Registros Civiles) y se generarán nuevas condiciones de
desigualdad a las que este gobierno nos tiene tristemente
acostumbrados.
CCOO solicitó al
Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios que la entrada en vigor
de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015
fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del
Registro Civil el 30 de Junio de 2018 tras la última vacatio legis,
aunque nuestro objetivo final y así lo seguiremos exigiendo,
mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias,
es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de
los Registros Civiles como garantía de gratuidad,
universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de
quienes ejercen esta tarea.
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