FALLIDA
IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
El
plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial
electrónico vence mañana, 7 de julio, y CCOO
denuncia
el incumplimiento grave de la Ley por parte del Ministerio de
Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos
suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a
ninguna de las fiscalías
Madrid,
6 de julio de 2016.
Según
las informaciones de CCOO solo 25 de los 113 partidos judiciales del
territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia
(Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla)
tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la
digitalización de los procesos judiciales.
En
las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, solo
Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada para el 7 de
julio utilizar el expediente judicial electrónico en todos los
órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz; La Rioja, Aragón,
Cataluña y Andalucía, lo harán solo parcialmente y en la
Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y Euskadi
no se van
a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con
soporte digital encontrándose en diferentes grados de implantación
que podrá demorarse durante años en algunos casos.
Ninguno
de los 1166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España
con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de
los medios tecnológicos necesarios. Salvo Cantabria y Navarra,
ninguna de las otras 48 Audiencias Provinciales ni ninguno de los
otros 15 Tribunales Superiores de Justicia (en Murcia solo
parcialmente) se ha podido poner en marcha el expediente judicial
electrónico; en cuanto a los órganos centrales gestionados también
por el Ministerio de Justicia, solo los Juzgados y Salas de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional
utilizan desde hace años el mal llamado “papel 0”, mientras que
el resto de la Audiencia Nacional (Salas y Juzgados de las
jurisdicción penal) y todas las salas del Tribunal Supremo quedan
por ahora excluidos de la digitalización.
Para
CCOO esta lamentable e ilegal situación (recordemos que la
disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora
del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en
la Administración de Justicia estableció el 7 de julio de 2016 como
fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico)
se ha debido, además de a la desidia del propio Ministerio de
Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias, al
empecinamiento del ministro de Justicia Rafael Catalá que ya, en la
precampaña electoral de las elecciones del 20D anunció el “papel
0” en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación
puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que
debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones
telemáticas entre juzgados y profesionales.
Así,
el propio ministro Catalá, el 29 de Diciembre de 2016, pasadas las
elecciones, no tuvo más remedio que reconocer que en algunas
Comunidades Autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía
o Madrid, no se cumplirían los plazos de implantación.
Desde
entonces, el Ministerio de Justicia ha seguido ocultando que la
implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de
Justicia no es generalizada, que se están produciendo graves fallos
de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el
expediente judicial electrónico solo estaría listo para ponerse en
marcha en los plazos legales en una parte muy minoritaria de los
juzgados y tribunales y en ninguna fiscalía.
Desde
el mes de enero de 2016 CCOO ha venido solicitando la moratoria de
los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado
diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía
General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y
procuradores y un sinfín de operadores jurídicos junto a gobiernos
autonómicos con competencias.
También
desde el sindicato se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de
las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de
incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y
generales, de las nuevas funciones de los trabajadores y las
trabajadoras derivadas de los nuevos sistemas de trabajo y del resto
de condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.
A
ambas solicitudes de moratoria y negociación ha hecho caso omiso el
Ministerio de Justicia que, aun hoy, se niega a reconocer que la
implantación de las nuevas tecnologías en la administración de
justicia en los plazos legales establecidos ha resultado fallida.
CCOO
vuelve a manifestar su decidida apuesta por la modernización de la
justicia pero exige que se haga de forma pausada, consensuada con los
operadores jurídicos, negociada con los representantes de los
trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios
personales y materiales necesarios y con formación profesional
exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.
Contacto:
Luis
Calero, Sec. Gral. Del Sector de Justicia de CCOO
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