CCOO denuncia al Ministerio de Justicia en su afán por no regular la tramitación electrónica de la nacionalidad por residencia desde los Registros Civiles
CCOO
presenta, además de una nueva carta al ministro de Justicia, queja
ante la Defensora del Pueblo para que adopte las medidas oportunas
para que la tramitación electrónica de las solicitudes de
adquisición de nacionalidad española por residencia desde los
Registros Civiles sea factible
El
ministro de Justicia en funciones favorece en la concesión de la
nacionalidad a los extranjeros que puedan pagar los servicios de
Gestores Administrativos que las presenten en su nombre
CCOO
denuncia que el Ministerio sigue en su plan de desmantelar el
servicio público del Registro Civil, y que incumple lo dispuesto en
el Real Decreto 1004/2015 al no querer regular la tramitación
electrónica desde los Registros civiles pero sí desde otros
operadores privados
Madrid a 19 de julio de 2016
La firma de un convenio entre el
Ministerio de Justicia y los Gestores Administrativos para presentar
las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia
anunciada en la página web del Ministerio de Justicia con fecha 14
de julio, sin haber desarrollado previamente la
tramitación
electrónica desde los Registros Civiles tal y como establece la
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula
el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española
por residencia, supone a juicio de CCOO
un paso más en la labor del Ministerio de Justicia de desvirtuar el
servicio público que se presta desde los Registros Civiles, de
desmantelar las funciones que en tramitación de expedientes han
tenido desde su creación y de atribuir a operadores privados
competencias hasta ahora de administraciones públicas objetivas e
independientes.
CCOO
denuncia que el Ministerio de Justicia del Partido Popular sigue en
su programa de quitar competencias a los Registros Civiles,
favoreciendo a colectivos profesionales que cobran sus honorarios por
sus servicios y desvirtuando el servicio público y gratuito que se
presta desde los Registros Civiles. El hecho de estar en funciones no
les impide avanzar en sus objetivos de desmantelar el servicio
público que se ha venido prestado desde los Registros Civiles
mediante la atribución de parte de sus competencias a operadores
privados que de esta forma ven ampliadas sus posibilidades de hacer
negocio.
Primero fueron las encomiendas de
gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad España para la
tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, con un
coste de 4 millones de euros por las nacionalidades presentadas en el
año 2015, tal y como recuerda el BOE de 16 de julio de 2016; luego
el intento de asignar el Registro Civil a los propios Registradores,
que fue derogado in extremis; continuó con la atribución a los
Notarios a partir de junio de 2017 de la tramitación de los
expedientes de matrimonio, de forma compartida con los Registros
Civiles, los cuales a partir de dicha fecha ya no podrán casar; y
sigue con la firma del Convenio con el Colegio de Gestores
Administrativos para la presentación electrónica de las solicitudes
de nacionalidad por residencia sin haber regulado previamente dicha
presentación a través de los Registros Civiles u otros órganos de
la Administración del Estado.
CCOO denuncia
que no sea posible presentar electrónicamente las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad por residencia desde los Registros
Civiles, mientras sí se potencia hacerlo mediante pago por
operadores privados, en un claro intento de privatizar este servicio
público. Y ello porque si
el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de
remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros
Civiles, estaría abriendo dos vías: una, la de pago, que será la
rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban
Convenios con el Ministerio de Justicia; y otra, la gratuita pero
lenta, que será la que se realice a través de los Registros
Civiles, pues la presentación de documentos en formato papel tiene
una tramitación mucho más lenta ya que los documentos
posteriormente han de ser digitalizados y metadatados en el
Ministerio de Justicia (que en la actualidad lo está haciendo con
los expedientes presentados a primeros del año 2015!!!!). Y ello es
contrario al principio de igualdad que debe regir en la relación de
la Administración con sus administrados, pues se estaría
privilegiando a unos frente a otros en función de si pagan o no los
servicios de unos profesionales ajenos a dicha Administración.
CCOO
dirigió al Ministro de Justicia en el mes de mayo una carta para que
se regulen de una vez las condiciones en que desde los Registros
Civiles se puedan remitir metadatadas e indexadas las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad española por residencia, dotando a
los Registros Civiles del territorio Ministerio de los medios
técnicos para ello, y para que en tanto en cuanto no sea posible la
remisión telemática a través de los Registros Civiles no se pueda
realizar tampoco a través de profesionales de Colegios que hayan
suscrito los oportunos convenios de habilitación.
Ante la suscripción del Convenio con
el Colegio de Gestores, privilegiando la tramitación de la
nacionalidad de quienes puedan pagar por sus servicios, CCOO
ha vuelto a presentar en el día de hoy una carta al ministro de
Justicia reiterando la presentada en el mes de mayo, y ha formalizado
una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para
que previa tramitación del oportuno expediente adopte con carácter
urgente las medidas y recomendaciones oportunas para que la
tramitación electrónica de las solicitudes de adquisición de
nacionalidad española por residencia desde los Registros Civiles sea
factible,
cumpliendo con ello las previsiones contenidas en la Disposición
Transitoria Segunda del Real
Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre; y
que en tanto en cuando no se regule y establezca dicha tramitación
no entre en funcionamiento la presentación telemática de
solicitudes a través de Gestores Administrativos u otros operadores
privados, a fin de que se garantice la igualdad de trato de todos los
extranjeros que quieran acceder a la nacionalidad española.
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