Ante la previsible
decisión final del Gobierno sobre los Registros Civiles, en los próximos días
CCOO SE
DIRIGE POR CARTA A LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y LE EXIGE EL MANTENIMIENTO
DE LOS REGISTROS CIVILES COMO SERVICIO PÚBLICO, SERVIDOS POR EL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CCOO ADVIERTE QUE UNA EVENTUAL DECISIÓN DE PRIVATIZAR LOS REGISTROS
CIVILES CONDUCIRÁ A UN CONFLICTO SOCIAL Y LABORAL DE ENORMES MAGNITUDES
Madrid a 21 de abril de 2014
CCOO ha conocido que el Gobierno
pretende aprobar en los próximos días su decisión final acerca de los Registros
Civiles.
Por tanto, consideramos imprescindible no solo mantener la
presión para impedir su privatización, sino realizar todas las acciones
complementarias que sean posibles para lograrlo.
Al conocer que la decisión final sobre los Registros Civiles
se encuentra ya para su aprobación por el consejo de ministros, y, por tanto, ya
en el ámbito del Gobierno, en el que la Vicepresidencia tiene un papel
decisivo, CCOO
se ha dirigido por carta a su titular, exigiéndole, como venimos haciendo desde
hace más de un año y medio al ministro de Justicia, el mantenimiento de los
Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia.
En la carta, CCOO exige a la vicepresidenta del Gobierno:
1.- El
mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público, servidos por el
personal funcionario de la Administración de Justicia.
2.- Que se
mantendrán todos los órganos judiciales que en la actualidad tienen
funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz.
3.- Que los encargados de los Registros Civiles
sean personal funcionario del cuerpo de Secretarios Judiciales o del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa.
Y añade la carta de CCOO, que todas estas reclamaciones
conllevan evidentemente el abandono de cualquier decisión del Gobierno que
implique la privatización del servicio público que prestan los Registros
Civiles, mediante la entrega de su gestión a los registradores de la propiedad
y mercantiles.
CCOO advierte a la vicepresidenta del
Gobierno que cualquier decisión que implique la privatización de los Registros
Civiles supondrá una declaración formal del Gobierno contra los derechos de la
ciudadanía y contra los del personal de la Administración de Justicia, que
conduciría a un conflicto social y laboral de enormes dimensiones, incluida la
convocatoria de huelga en la Administración de Justicia.
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