CCOO RECHAZA FRONTALMENTE
LA PRIVATIZACION DE LA CONCESION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
CONSIDERAMOS ILEGAL QUE
LAS JURAS SE PUEDAN HACER ANTE NOTARIO
|
Cumplido, en teoría, el periodo de la
encomienda de gestión hecha por el Ministerio de Justicia a favor de los
Registradores de la Propiedad, y tras la puesta en marcha de una nueva
encomienda, ahora con los Notarios, para que éstos reciban las juras de
nacionalidad “de forma gratuita” (¿quién
ha pagado entonces los programas informáticos y la formación, Sr. Gallardón?) ,
el resultado de estas encomiendas no hacen sino dar la razón a las
denuncias de CCOO, de que tras las mismas se esconde el objetivo del Gobierno del
PP de privatizar el servicio público del Registro Civil, favoreciendo
al mismo tiempo la endeble posición de los Registradores de la Propiedad,
colectivo al que pertenece Rajoy, familiares de éste y de Gallardón, y el
Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado, ante las
exigencias de liberalización de servicios que vienen de Bruselas y la
disminución de su trabajo (e ingresos) por la crisis económica. Privatización
de servicios que está siendo una chapuza, porque:
·
Los
Registradores de la Propiedad han hecho el trabajo que corresponde al
Ministerio de Justicia en los Expedientes de Nacionalidad. Esto es algo que es preciso reiterar, pues
no es la desidia de los Registros Civiles la que lleva al colapso en la
resolución de los expedientes de nacionalidad sino la falta de medios personales y materiales en el propio
Ministerio de Justicia para resolver las miles de peticiones de
nacionalidad española, derivadas del aumento de población extranjera en España
en los últimos 15 años. Si algo no funciona es el Ministerio de Justicia.
·
El
Ministerio de Justicia oculta los numerosos problemas derivados de la
encomienda de resolución de los
expedientes de nacionalidad a los
Registradores de la Propiedad.
Más allá el número de expedientes resueltos por los Registradores de la
Propiedad, que serían más si los hubieran resuelto los propios Encargados de
los Registros Civiles, el resultado de la encomienda de gestión a aquéllos no
está siendo “tan positivo” como el
Ministerio de Justicia no se cansa de publicitar a través de su página web:- En muchos expedientes se ha requerido
para hacer trámites adicionales
al no aceptar los certificados consulares de países extranjeros en España
si no venían legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España, requisito que no exige el art. 90 del Reglamento del Registro
Civil.
- Se han denegado más solicitudes de
nacionalidad española que nunca,
y muchas de ellas por motivos infundados, en vez de requerir a los
solicitantes para subsanar los defectos en documentos: no haber presentado
algún certificado de nacimiento de hijo, no aportar algún documento
legalizado, etc.
- Se ha requerido más que nunca a los
solicitantes para que aporten documentos adicionales. Además, tras aportar estos
documentos, su expediente no se resuelve de forma inmediata, quedando
pendiente de resolver miles de expedientes con documentación
complementaria aportada hace meses.
- Los expedientes de nacionalidad del año
2013 no se están tramitando.
Ni los solicitantes están recibiendo las cartas del Ministerio de Justicia
indicándoles cuál es el número de su expediente en Madrid, ni las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado están recibiendo desde hace meses peticiones
de informes sobre los solicitantes, conforme establece el artículo 222 del
Reglamento del Registro Civil.
- No se están resolviendo los expedientes
por orden. Existen
miles de expedientes de los año 2010 y 2011 pendientes de resolver,
mientras que miles del año 2012 ya han sido resueltos.
·
La
encomienda de gestión para hacer la propuesta de resolución de los expedientes
de nacionalidad debería haberse hecho a los Jueces Encargados de los Registros
Civiles y no a los Registradores de la Propiedad. Si el Ministerio de Justicia se veía
incapaz de resolver los 400.000 expedientes de nacionalidad que dice que se
encontró cuando Gallardón llegó al poder lo que tendría que haber hecho es bien
modificar el art. 222 del Reglamento del Registro Civil, para permitir a los
Registros Civiles recabar los informes oportunos para hacer una propuesta de
concesión o denegación de la nacionalidad española en los mismos términos que
lo han hecho los Registradores de la Propiedad, bien hacer una encomienda de
gestión o delegación de funciones a los propios Encargados de los Registros
Civiles. Ello hubiera sido lo más lógico, teniendo en cuenta la formación y
experiencia que tienen sobre esta materia quienes trabajan en los Registros
Civiles. En la encomienda de gestión a los Registradores de la Propiedad
subyace la obsesión ideológica de este gobierno, que es pretender demostrar que
lo privado funciona mejor que lo público, utilizando las mismas argucias
que en Sanidad y Educación, etc y prepara la asunción por parte de este
colectivo de todas las competencias sobre Registro Civil.
·
Gallardón
manipula la Ley para acomodarla a sus intereses: la Encomienda de Gestión firmada entre
Gallardón y el Presidente del Consejo General del Notariado dice que el
artículo 224 del Reglamento del Registro civil establece que el juramento o
promesa de la nacionalidad española puede ser efectuado “ante el Encargado
del Registro Civil o ante el funcionario que se estime competente”, lo que
justifica la posibilidad de la encomienda de gestión para permitir que se
efectúen las juras ante Notarios. El
Sr. Gallardón se inventa la redacción del artículo 224 para acomodarlo a sus
intereses, pues dicho artículo literalmente
dice que “el solicitante comparecerá ante el funcionario competente para,
en su caso, renunciar a la nacionalidad anterior, prestar la promesa o
juramento exigidos e inscribirse como español en el Registro. El Encargado
que recibe las declaraciones velará por la práctica de toda clase de
asientos que procedan por el cambio”. El artículo 224, por tanto, no
establece la opción de que la jura se haga ante el Encargado del Registro Civil
o ante el funcionario competente, sino que habla únicamente de este último
porque es, precisamente, el Encargado del Registro Civil, tal y como resulta
del tenor literal de dicho artículo. Así lo interpretó hace ya años la propia
Dirección General de Registros y del Notariado en resolución de 21 de noviembre
de 1992. Además una encomienda de gestión la puede suscribir quien tiene la
competencia, y en este caso no es el Ministerio de Justicia quien tiene la
competencia para recibir las juras. Ello puede suponer que haya muchos
Registros Civiles que consideren directamente nulas las juras de nacionalidad
practicadas ante Notario y haya que repetirlas.
·
El
Ministerio de Justicia ignora a los Registros Civiles, a los Jueces Encargados
de los Registros Civiles y a sus funcionarios y funcionarias: El Ministerio de Justicia en su página web
apenas da publicidad a que las juras de nacionalidad española se pueden hacer
en los Registros Civiles, y sin embargo da todo tipo de publicidad sobre cómo
puede hacerse la jura de la nacionalidad ante los Notarios, como si éste fuese
el procedimiento común. Además la Dirección General de Registros y del
Notariado no ha publicado resolución, circular o instrucción dirigida a los
Registros Civiles sobre cómo deben proceder cuando reciban las actas de
jura de nacionalidad practicadas ante Notario, sino que éstos han tenido
conocimiento extraoficial de esta posibilidad a través de la página web del
Ministerio de Justicia o por los medios de comunicación. Tal deslealtad hacia
sus propios funcionarios no es sino un ejemplo más de la deriva de este
Ministerio, que para justificar sus oscuros intereses no duda en atacar a sus
propios servicios y a sus empleados públicos.
Por todo ello, Gallardón y su equipo,
lejos de solucionar el problema del atasco de resoluciones de nacionalidad
pendientes, están originando nuevos problemas para los que luego
presentarán como solución “ideal” la privatización completa de la concesión de
las nacionalidades, incluida dentro de su proyecto de privatización del
servicio público del Registro Civil . Gallardón no soluciona los problemas
de la Administración de Justicia, sino que los crea y los aumenta. Quien ante
los problemas echa leña al fuego no es un bombero, sino un pirómano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario