EL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES, 3 DE MAYO,
MATERIALIZÓ LO QUE CCOO LLEVA MESES DENUNCIANDO
CCOO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE. DEBEMOS IMPEDIR
LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
GALLARDON
ACELERA LA PRIVATIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA. AHORA ENTREGA LOS
SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS A LOS PROCURADORES
ESTA NUEVA PRIVATIZACIÓN SUPONDRÁ LA
DESTRUCCIÓN DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid,
6 de mayo de 2013
Confirmando
las advertencias que desde Comisiones Obreras venimos denunciando hace meses,
Gallardón, dándole una vuelta de tuerca más a la Ley de Medidas de Agilización
Procesal del PSOE del 10 de octubre de 2011, da un acelerón definitivo en la
privatización de la Administración de Justicia, entregando a los Procuradores la
posibilidad de realizar todos los actos
de comunicación (citaciones, notificaciones y emplazamientos) y determinados actos de ejecución (posibilidad
de realizar la diligencia de embargo; posibilidad de encargarse, a través de
los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de
los bienes embargados; posibilidad de ser designados como entidad
especializada en la subasta de los bienes embargados, posibilidad de realizar las
diligencias de toma de posesión de bienes muebles…) y otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia.
Este es
un nuevo ataque a los derechos del
personal funcionario de la administración de justicia, un insulto a la dignidad
de todas y todos los trabajadores que día a día realizan su trabajo con
profesionalidad y, muchas veces con esfuerzo personal, ante la precariedad de los medios que la administración pone a
su alcance.
Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía
que verá restringido, una vez más, su
derecho de acceso a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses
legítimos. Primero fueron los depósitos para recurrir, luego la imposición de
las desmesuradas tasas judiciales, a continuación el Proyecto de Ley de reforma
integral de los Registros Civiles que introduce el pago mediante aranceles a
los registradores de la propiedad y mercantiles y a los notarios y, ahora, se suman los aranceles que los
justiciables deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de
comunicación y ejecución. El anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil recoge en su disposición adicional primera que “el Gobierno de la Nación aprobará por Real
Decreto la adecuación del arancel de
derechos de los Procuradores de los Tribunales a las nuevas funciones
atribuidas en la presente ley”.
GALLARDÓN OTORGA LA
CONDICIÓN DE AGENTES DE LA AUTORIDAD A LOS PROCURADORES Y REFUERZA LAS
FUNCIONES DE ÉSTOS PARA “AGILIZAR Y DOTAR DE MAYOR EFICACIA LOS
TRÁMITES PROCESALES”.
Nuestros peores temores se han visto superados con el
anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en donde el Gobierno otorga a
los Procuradores la condición de Agentes de la Autoridad cuando ejecuten los
embargos, y en donde suprime la necesidad de realizar las notificaciones
acompañados de dos testigos en el caso de que al realizarla, la persona se
encuentre en su domicilio.
Según Gallardón, con su desvergüenza habitual, los
funcionarios y las funcionarias somos los culpables del retraso de la
administración de justicia. Así se desprende de la lectura de este anteproyecto
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afirma que “persigue
desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de
Justicia que ya
realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor
eficacia los trámites en la Administración de Justicia.”
Además en el artículo 16 del anteproyecto se mantiene la responsabilidad del personal
funcionario por los retrasos o negligencias que se produzcan, pero, por el
contrario, Gallardón elimina el apartado relativo a la responsabilidad de
los procuradores.
Según Gallardón, el Procurador, que a partir de ahora será
juez y parte en el proceso, acabará con la “lentitud y el atasco” de la administración
de justicia ¡Esto, además de indecente
es un insulto a la ciudadanía y a los empleados públicos!
Para CCOO es intolerable esta falta de respeto hacia el
personal funcionario de la administración de justicia y demuestra que Gallardón
busca el descrédito del funcionariado para poder continuar con esta inadmisible
restructuración de la administración de justicia.
CCOO ADVIERTE QUE CON ESTA REFORMA EL GOBIERNO SUPRIMIRÁ 12.000
(DOCE MIL) PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: NO LO PERMITAMOS
Ya nadie puede negar lo evidente. Con esta vuelta de tuerca,
Gallardón otorga la condición de Agentes de la Autoridad a los Procuradores
(parte en el proceso), y adjudicándoles todos los actos de comunicación y
determinados actos de la ejecución, y otros actos de cooperación con la
Administración de Justicia, unido a la privatización del Registro Civil abre la
puerta a la supresión de miles de
puestos de trabajo en la Administración de Justicia (doce mil plazas que
asciende al 30% de la plantilla).
Como los procuradores van a cobrar por los actos de
comunicación y ejecución, ya no van a necesitar que las funcionarias y los funcionarios
de la Administración de Justicia (imparciales en sus actuaciones) ejerzan las
mismas, salvo, probablemente, en las que actúen de oficio y sus honorarios no
puedan ser engordados con la minuta correspondiente.
Ahora más que nunca, CCOO manifiesta que es necesario intensificar y
radicalizar las acciones que desde hace meses venimos desarrollando contra la
privatización de la Administración de Justicia. Es intolerable que se haga
entrega de un servicio público como es la Administración de Justicia al ámbito
de lo privado, cargándose un servicio público básico, que debería ser garante
de los derechos y libertades y suprimiendo de un plumazo el 30% de sus
efectivos.
Esta vez la privatización se centra en los actos de
comunicación y ejecución, el mes que viene ya veremos qué otra mordida le pegan
a un servicio público como el de la Administración de Justicia, tan necesario
de imparcialidad que sin ella la propia Justicia no tiene sentido.
MOVILÍZATE CON CCOO
DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA
JUSTICIA
PORQUE, SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario