El viernes, 3 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este anteproyecto, el Gobierno de Rajoy, a propuesta de Gallardón, aprueba de forma vergonzante la entrega a los procuradores de los actos de comunicación y los embargos, así como de otros actos de ejecución, atacando el principio de imparcialidad que es su obligación garantizar en todos los procedimientos judiciales, convirtiendo a los procuradores en juez y parte, con el consiguiente ataque a los derechos de la ciudadanía.
Asimismo, con esta privatización, Gallardón prosigue con su megalómana apuesta de privatizar la Justicia vulnerando los derechos más elementales, convirtiéndola en un instrumento al servicio de los intereses particulares de determinados colectivos minoritarios y privilegiados, a los que protege contra la inmensa mayoría de la ciudadanía y de los empleados públicos.
Con estas decisiones, el Gobierno pretende desmantelar el servicio público y gratuito de la Justicia y destruir miles de empleos en nuestro sector. Ese es el objetivo de las decisiones de lo que ahora llaman algunos, eufemísticamente, política liberal: destruir el empleo y los derechos y libertades, mientras toman decisiones para que se forren una minoría de privilegiados.
Primero fueron las tasas judiciales para
impedir el acceso a la justicia a los que no fueran ricos, luego la decisión de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, ahora le toca el turno a la privatización de los actos de comunicación y los embargos, con su entrega a los procuradores.
Las tres reformas tienen algo en común: la entrega a intereses privados minoritarios de los derechos de 40 millones de españoles, privando a toda la ciudadanía de su capacidad de defensa ante las agresiones del poder político y de los grupos financieros poderosos que atropellan cada día las libertades y derechos de los más débiles.
CCOO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE. DEBEMOS IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
GALLARDON ACELERA LA PRIVATIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA. AHORA ENTREGA LOS SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS A LOS PROCURADORES
ESTA NUEVA PRIVATIZACIÓN SUPONDRÁ LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Adjuntamos los enlaces a la referencia del consejo de ministros del pasado viernes 3 de mayo y el anteproyecto de modificación de la LECivil
No hay comentarios:
Publicar un comentario