El ministro de Justicia permitirá a los Secretarios
Judiciales no cumplir el horario de trabajo
La
escandalosa decisión de no corregirse implicará que el control de la jornada de
los secretarios judiciales sería de tan sólo 25 horas semanales
Todos los empleados
públicos están obligados a realizar 37,5 horas/semanales
CCOO acaba de conocer que el ministro de Justicia propone establecer
en la norma legal (resolución de calendario laboral en la Administración de
Justicia) que los Secretarios Judiciales no tengan que cumplir el horario que
el Gobierno ha establecido para todos los empleados públicos de la
Administración, incluida la Administración de Justicia, a los que se controlará
el cumplimiento de 37,5 horas semanales.
El ministro ha remitido una propuesta de resolución de
horario en la que excluye a los secretarios judiciales del cumplimiento del
horario de 37,5 horas semanales que tienen que realizar todos los empleados
públicos, y reduce esta exigencia a realizar 25 horas semanales,
lo que la resolución
llama las horas de atención al público y a profesionales.
Esta decisión del ministro de Justicia, si no se rectifica,
es una prueba más del clasismo escandaloso que se practica desde el Gobierno
contra los trabajadores, perpetuándose el sistema de privilegios y de castas
absolutamente lamentable e intolerable.
Todos recordamos que el propio ministro de Justicia entendía
como una gran victoria del mundo de la Justicia que el Presidente del CGPJ no
hubiera tenido que dimitir tras la primera decisión del pleno de esa
institución, que se opuso en ese momento por mayoría de los vocales a su
dimisión tras el escándalo de los viajes privados de Dívar pagados con fondos
públicos, a pesar de que la inmensa mayoría de los ciudadanos reclamaban su
dimisión inmediata.
CCOO no va a aceptar
de ninguna manera que esta decisión de reducir a 25 horas semanales el control
del horario de los Secretarios Judiciales se mantenga y adoptará todas las
medidas de acción sindical que sean necesarias para impedir una decisión tan
injusta y clasista.
En la situación que estamos viviendo en nuestro país, donde
se recortan inadmisiblemente derechos sociales básicos e indispensables a todos
los ciudadanos, mientras el Gobierno es incapaz de exigir responsabilidades a
los máximos representantes del poder financiero que han llevado a España a la
grave situación económica que atraviesa, llegan estas ocurrencias inadmisibles
en un Estado europeo y democrático en pleno siglo XXI.
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