jueves, 9 de febrero de 2012

ENCIERROS JUSTICIA Y OTROS CCAA VALENCIANA

 Estimados compañeros y compañeras:


Adjuntamos nota de prensa de los acuerdos tomados por la junta de personal de funcionarios de la Administracion de Justicia de la provincia de
Alicante el día 06-02-2012.  Así como la siguiente noticia relacionada con el encierro aparecida en el periodico la Razón.

NOTA DE PRENSA JUNTA DE PERSONAL
La Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia de la provincia de Alicante, ha acordado en la sesión celebrada hoy, 6 de Febrero de 2012, lo siguiente:

1º Ratificar y apoyar el manifiesto de la plataforma en contra del Decreto Ley nº 1/2012 de la Generalitat Valenciana.

2º Se acuerda el encierro de sus delegados durante el día de hoy.

3º Reivindicar los siguientes puntos que afecta a la Administración de Justicia.
-Recortes en materia de personal, amortizaciones de plazas. Incumplimiento expreso a la puesta en funcionamiento de los Juzgados aprobados por el Ministerio de Justicia para el año 2011, siendo esta la única comunidad que no los ha creado. Así como no cubrir las bajas producidas.
-Infraestructuras judiciales muy deficientes, citando a titulo de ejemplo os edificios de Benalúa y la Audiencia Provincial en Alicante, Alcoy, Elda, Villena y Villajoyosa.
-Medios materiales insuficientes para la atención debida al ciudadano.
-Equipos informáticos en su mayoría obsoletos, lentos y carentes de programas actualizados y eficientes.
-Incumplimiento constante de la normativa existente en materia de Salud Laboral.

Alicante, 6 de Febrero de 2012.

PERIODICO LA RAZON.ES.-    6 Febrero 12 - - Ana G. Andrés

Valencia- Ya lo advirtieron, y lo están cumpliendo. Las organizaciones
sindicales mostraron desde el principio su total rechazo al decreto-ley de
medidas de ajuste aprobado por la Generalitat, que reduce a 25 horas
semanales la jornada de los interinos, y de forma proporcional su salario.

En la reunión que mantuvieron ayer los cuatro principales sindicatos (UGT,
CCOO, CSI·F e Intersindical Valenciana), dentro del calendario de
protestas, acordaron empezar de manera inmediata con encierros de 24 horas
en diferentes edificios públicos de las tres provincias, «como medida de
presión».
La protesta resultó, aunque no del todo, ya que los sindicalistas fueron

desalojados de algunos de los edificios ocupados, como por ejemplo, de la
Torre de la Generalitat y *el Palacio de la Justicia en Alicante*, y del
Ivadis, la Ciudad de la Justicia y la Conselleria de Educación en Valencia.

En estos inmuebles, poco antes de las ocho de la tarde, hora de cierre de
estos organismos, todos los sindicatos fueron desalojados, bien por la
Guardia Civil, y por orden de la Delegación de Gobierno, o por la Policía
Nacional.

Triunfo parcial
En cambio, la medida sí que triunfó en otros puntos, como la secretaria
autonómica de Administración Pública, donde han pasado la noche doce
personas, la Casa dels Caragols de Castellón y la Conselleria de Bienestar
Social. En total, unas 40 personas.

El presidente de la Junta de Servicios Centrales, Adel Francés, explicó que
simplemente estaban ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica y
se mostró satisfecho de que les permitiesen efectuar la protesta en algunos
puntos.

*Para CCOO*, esta medida manifiesta el rechazo a la imposición por la vía
legislativa de medidas para la reducción del déficit, que afectan a los
servicios públicos que recibirán los ciudadanos y a quienes los prestan.

Fuentes del sindicato aseguraron que son conscientes de la necesidad de
aunar esfuerzos para salir de la crisis, pero «sin perder derechos de
ciudadanía y derechos de negociación».

Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó que el
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quiere dar un «nuevo hachazo»
a la enseñanza pública reduciendo las plantillas de Infantil y Primaria, e
incrementando el horario lectivo de 18 a 21 horas en Secundaria.

Así lo manifestó después de reunirse con representantes de los principales
sindicatos educativos de la Comunitat con los que se comprometió a
«continuar defendiendo los derechos de profesores, maestros y trabajadores
públicos».

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