CCOO advierte a Catalá que no podrá privatizar el Registro Civil.
Las
numerosas reuniones que ha mantenido el ministro Catalá con diferentes
colectivos en los últimos días destapan que carece de razonamientos sólidos
para proceder a la privatización del Registro Civil
CCOO ADVIERTE AL
MINISTRO CATALÁ QUE EL GOBIERNO NO PODRÁ LLEVAR A CABO ESTA REFORMA NI PODRÁ
PRIVAR DE SUS DERECHOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, a 12 de
noviembre de 2014
Tráfico de influencias y presunta corrupción.-
El
nuevo ministro de Justicia sigue intentando vender ante la opinión pública y
las Comunidades Autónomas las bondades de la privatización del Registro civil,
mediante su asunción por los Registradores Mercantiles a partir de julio de
2015, negándose a echar marcha atrás en un proyecto cuyo verdadero autor
es Mariano Rajoy en lo que puede constituir
un claro ejemplo de tráfico de influencias e incluso de corrupción.
Catalá
se sigue negando a paralizar la privatización del Registro Civil argumentando
que es un proyecto de Ley ya aprobado, pero sin embargo ello no le
supone inconveniente para afirmar que revisará las tasas judiciales (se niega no obstante a derogar esa ley tan
injusta y clasista), o paralizar la creación de la corporación de
derecho público que iba a gestionar la contratación del nuevo sistema informático
del Registro Civil y que el Consejo de Estado descalificó, pese a que también
se tratan de leyes aprobadas. Parece que lo que verdaderamente impide
paralizar este proyecto es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos
los medios, en beneficio propio y de su colectivo.
Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos.-
El
Ministro de Justicia, en sus reuniones con las organizaciones sindicales, con las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en Administración de
Justicia y en sus notas de prensa, sigue justificando la privatización del
Registro Civil en que “ya se lo han dado hecho”, y en razones que demuestran la
fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos,
se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad
estatal de los datos registrales.
En
cuanto a sus argumentos según aparecen en las notas de prensa, a cuál más
frágiles.
Catalá
sabe que la consideración de funcionarios públicos de los Registradores
Mercantiles les viene por imperativo de la Ley Hipotecaria a efectos de
reconocimiento de derechos, pero que ni sus deberes, ni sus obligaciones,
retribuciones o incompatibilidades son las propias de los funcionarios públicos.
Decir que lo único que diferencia a los Registradores Mercantiles del resto de
funcionarios públicos es que aquéllos cobran por arancel significa desconocer
muy profundamente lo que es la Administración Pública, lo que sorprende en
alguien que ha sido Director General de la Función Pública en nuestro país. La
Unión Europea ya dictaminó que su naturaleza no era la propia de funcionarios
públicos. ¿Qué más quiere, Sr. Ministro?
Las mentiras del Gobierno: el Registro Civil dejará de ser
gratuito más pronto
que tarde y la gestión de los datos especialmente protegidos pasa a manos
privadas.
La
futura gratuidad del Registro civil es una falacia. Los expedientes de Registro
Civil van a pasar a ser competencias de los notarios, a los que habrá que pagar por sus
servicios. Si el Registro Civil se sufraga con cargo al arancel del Registro
Mercantil, los ciudadanos y las empresas que utilicen los servicios de este
Registro van a sufragar indirectamente el Registro Civil. Además el
Ministerio quiere que las Administraciones y los Notarios paguen a los
Registros Mercantiles por acceder obligatoriamente a la base de datos de
Registro Civil para cualquier trámite negocio jurídico a la ficha registral
de los ciudadanos, lo que luego evidentemente se repercutirá en los mismos
vía impuestos o gastos notariales. Catalá sigue ocultando la financiación
del Registro Civil, para evitar críticas y poder seguir afirmando que no se
trata de la privatización de un servicio público. Y en cuanto a la titularidad
estatal de los datos, los datos son de cada uno, la titularidad estatal será
del programa que los gestione. ¿Y quién va a gestionar dicho programa? Personas
que no son empleados públicos, sino contratados y despedidos directamente
por su empresario, que es el
