El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional y, por tanto, anulado, parte de la ley de tasas judiciales impuesta en 2012 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Las tasas fueron rechazadas por distintos sindicatos, entre ellos CCOO, asociaciones de profesionales de la justicia y consumidores, que constituyeron la Plataforma Justicia para Todos en su contra.
El pasado 21 de julio el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado sentencia resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra