¿Quién debe ser funcionario?
Los puestos vitalicios en la Administración están
cada vez más cuestionados
Algunas profesiones requieren esa seguridad,
pero no es necesaria en todas
El funcionario ha sido una figura denostada,
puesta permanentemente en cuestión por chistes de bar y por sesudos estudios
académicos, y duramente criticada en los últimos años desde posiciones que
repiten una y otra vez palabras como “despilfarro” o“ineficacia”. Pero la
figura del funcionario se creó en España en el siglo XIX por consenso, con
la convicción de que había que acabar con la práctica de que cuando llegaba un
partido al poder, sus trabajadores entraban en las Administraciones, y cuando
salía comenzaba de nuevo el trasiego de sustituir a unos por otros.
“El funcionario tiene su
razón de ser. Fue un acuerdo de los grandes partidos, no lo olvidemos, para que
personas con unos conocimientos determinados ocuparan esos puestos y quedaran
fuera de la lucha partidista”, explica Juan Oliva, profesor de Economía de la
Universidad de Castilla-La Mancha especializado en salud.
Hoy, cada vez más voces aseguran que ya no es necesaria (al menos no en todas
las profesiones que hoy engloba el funcionariado) la seguridad de tener puestos
de trabajo prácticamente vitalicios —a los que accede por mérito— que,
sostienen, no fomentan el esfuerzo y la mejora por la falta de incentivos. El
consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dijo el lunes que
no cree que los médicos de la sanidad pública deban ser funcionarios. Según el
consejero, que tiene paralizado en los tribunales su plan para privatizar la
gestión de seis hospitales públicos, el sistema actual se ha vuelto “en contra”
de los médicos, porque “no tienen incentivos para mejorar su desempeño más allá
de la pura motivación altruista”.
“Hace falta una revisión
de la función pública, que ha cambiado muy poco, pero la propuesta de Madrid no
es para mejorar el servicio público, sino por los planes de privatización”,
asegura el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago
Lago Peñas. El especialista defiende cambiar el sistema, pero para mejorarlo (y
tener más herramientas para incentivar y penalizar), no para quitarlo y
sustituirlo por otro “que no está funcionando”, asegura.
