CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA QUE PRETENDE IMPONER GALLARDÓN
Estas reformas ponen en peligro 12.000
puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia,
amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha
Administración.
Desde hace unos meses el Ministro Gallardón está embarcado
en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de Justicia como
servicio público y su posterior privatización por partes en favor de
determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los
ciudadanos.
En esta estrategia tiene un papel destacado el desprecio al personal de la Administración
de Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los
Juzgados todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas
“reformas”. El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y
trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la
Administración de Justicia.
El debilitamiento de la Administración de Justicia se
consigue negándole los medios que
precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula oferta de
empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos
informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función
de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos,
incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable
directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo
apoyan.
Lejos de cumplir con su principal función, dotar de medios
personales y materiales suficientes a los Juzgados y Tribunales, los responsables del Ministerio de Justicia
se han empeñado en aparecer como los “salvadores” de la Administración de
Justicia pero a costa del bolsillo y de los derechos de los ciudadanos.
Así, las reformas legales