viernes, 31 de agosto de 2012

...PERO ENTONCES... ¿QUIÉN NOS HA DESCONTADO EN LA NÓMINA DE JULIO?




       Ante las dudas lógicas de muchos compañeros, intentaremos explicar en estas líneas de donde nos ha venido el descuento en la nómina de Julio.

        En contra de lo que se piensa, este recorte, NO es un recorte de la Junta de Andalucía, sino es el recorte de la paga extra anunciada por Rajoy.

        CCOO tras iniciar una batería de consultas y solicitud de explicaciones a la Junta, se nos confirmó con un escueto correo electrónico que se nos empieza a descontar desde julio lo que el Gobierno Central, ha decidido suprimirnos de paga extra, conforme al artículo 3.3 del RDL 20/2012.

        Ese artículo, que se refiere al descuento de nuestra paga extra, para el personal al servicio de la administración de justicia, se  establece un procedimiento especial a diferencia del resto de funcionarios y funcionarias del Estado y de las Autonomías, ya que, no se nos descuenta como ellos, es decir suprimiendo la paga en diciembre, sino que nos aplican el descuento diferenciado en dos partes; una parte se suprimirá en dicho mes, en diciembre, 

PROXIMAS COMISIONES DE SERVICIOS EN GRANADA



 En breve, la Delegación de Justicia de Granada, a través del portal Adriano, convocará a COMISION DE SERVICIO cuatro plazas del cuerpo de Gestión y una de Tramitación Procesal y Administrativa, al quedar vacantes debido a jubilaciones.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SERÁ DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE.

GESTION


AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN PRIMERA (jubilación 2/10/2012)
JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 1 (jubilación 5/10/2012).
FISCALIA PROVINCIAL (jubilación 22/10/2012).
JUZGADO DE LO PENAL Nº 6 (jubilación 31/10/2012).

TRAMITACIÓN

FISCALIA PROVINCIAL (jubilación 11/10/2012).


miércoles, 29 de agosto de 2012

EL GOBIERNO SE PLANTEA QUE LAS VACACIONES DEJEN DE SER PAGADAS


La propuesta está enmarcada dentro de una paquete de medidas para la devaluación interna.


Por Luisa Galván
Una de las propuestas que está manejando el ejecutivo de Mariano Rajoy dentro de un nuevo paquete de medidas de recortes con el que satisfacer a los mercados es que las vacaciones de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos se vean reducidas a una semana. La medida, que por el momento está en estudio, estaría en vigor durante 2013 y 2014, y estaría concebida dentro de un paquete para la devaluación interna de nuestro mercado económico.
Luisa Galván. 02.08.12. Según ha podido saber Diario El Aguijón de fuentes del área económica del Gobierno, Mariano Rajoy tiene sobre su mesa en estudio un paquete de medidas para una devaluación interna de nuestro mercado laboral que tendría por objetivo el ahondar en los recortes y el ahorro. Una de esas medidas, sin duda la que generará más polémica, consiste en que durante 2013 y 2014, las vacaciones anuales de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos lo sean sólo durante 7 días. El proyecto no plantea que las vacaciones dejen de disfrutarse, sino que estas pasen a ser no remuneradas, por lo que durante el tiempo de disfrute los trabajadores no percibirán su salario. Las fuentes consultadas por Diario El Aguijón señalan que no queda claro todavía si los trabajadores podrían renunciar a esas vacaciones y trabajar durante ese periodo o posponerlas más allá del periodo de aplicación de la medida, es decir a 2015. Esas mismas fuentes señalan que “la medida se tomaría para reducir los importantes costes laborales que tienen tanto las empresas privadas como la administración por las vacaciones durante un periodo de dos años, y de esa forma permitir que se ganar en competitividad y reactivar la economía y fomentar nuevas contrataciones”.
Esas mismas fuentes señalan que no en todos los países las vacaciones son remuneradas como en España, señalando especialmente a Estados Unidos, y que la medida se tomaría con un carácter excepcional durante sólo dos años y como esfuerzo de todos para salir de la crisis. Sin embargo no parece que ese tipo de medidas vayan a ser muy del agrado de los trabajadores y las organizaciones sindicales, que tienen convocadas fuertes movilizaciones e incluso una huelga general de funcionarios para el mes de septiembre. Una nueva vuelta de tuerca, que podría hacer saltar por los aires la paz social.
Fuente: El Aguijón



martes, 28 de agosto de 2012

LOS JUECES AMENAZAN CON RALENTIZAR MAS LA JUSTICIA Y UNA HUELGA EN SU PULSO CON GALLARDON

La carrera judicial prepara la batalla contra el Gobierno en general y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en particular, por la “precaria” situación que viven gran parte de los jueces españoles. El próximo 21 de septiembre las Juntas de jueces se reunirán en todo el territorio nacional para decidir qué medidas llevarán a cabo para presionar al Ejecutivo. Y no se descarta ninguna.
Desde los decanatos sostienen que entre las opciones se plantea desde una huelga indefinida hasta movilizaciones, paros parciales, limitaciones en los señalamientos, reducción de las horas de audiencia pública y de horarios en general. Los jueces tienen la potestad de organizar su agenda de vistas y declaraciones y ése será su punto fuerte para ralentizar la justicia hasta que el Gobierno no les escuche.
La carrera judicial lleva años reclamando mejoras en el servicio, aumento de efectivos o modernización de las tramitaciones e instalaciones, sin recibir, según las asociaciones y los decanatos, ninguna respuesta positiva. El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés como consecuencia de la falta de medios y la descoordinación entre juzgados, provocó la primera huelga de jueces de la historia de la democracia española, con Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.
Ahora, Ruiz Gallardón podría sufrir la segunda, con unas consecuencias devastadoras. A los problemas que en su día llevaron a los jueces a la calle ahora se suma, según los integrantes de las Juntas, una reducción notable en su salario, la supresión de oposiciones por lo menos para 2012 que congelará el número de jueces en activo y la reforma anunciada por el ministro del Consejo General del Poder Judicial, que va a dejar al órgano de los jueces como una institución “prácticamente sin funciones y al servicio del Gobierno”, y que afectará al conjunto del Poder Judicial.
Fuentes de este órgano reconocen que con la modificación anunciada por Ruiz Gallardón la situación es delicada y preocupa la reacción que puede generarse no sólo desde dentro de la institución, sino en la carrera judicial al completo.
Otras fuentes jurídicas aseguran que el 100 por cien de la carrera judicial está “totalmente indignada” y exige tomar medidas y actuar. Alguna de las asociaciones de jueces, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se está mostrando algo más cauta y pide tranquilidad ante una posible huelga, postura no compartida con la progresista Jueces para la Democracia (JpD), que no descarta esta medida de presión. Sin embargo, la decisión no va a ser de las asociaciones sino de las Juntas que se celebren en septiembre, como ocurrió en la primera huelga. Entre todas, se pactará un texto y se actuará en consecuencia.
La anterior huelga le costó el cargo a Fernández Bermejo. Uno de los principales reclamos de los jueces es la modernización de la Justicia, que agilice su trabajo y se coordinen las decisiones entre todos los juzgados y audiencias de toda España. La famosa oficina judicial iba a aliviar estos problemas, y sin embargo ha resultado ser un fiasco, entre otras cosas porque han instalado sistemas informáticos incompatibles entre comunidades autónomas. Se trata de una patata caliente en manos de Ruiz Gallardón, que con las tensiones en la carrera judicial a flor de piel, puede estallarle en cualquier momento.
Las asociaciones reclaman que el titular de Justicia se siente con ellas y negocie algunos de los recortes planteados por el Ejecutivo. De no ser así, las consecuencias serán más graves. A toda esta situación, se añade la decisión del Ministerio del Interior de retirar las escoltas a los jueces, magistrados y fiscales de órganos delicados por los tipos de asuntos que tratan como la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y una rebaja significativa en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de Navarra.

Fuente: elconfidencial.com

jueves, 16 de agosto de 2012

CURSOS SELECTIVOS GESTION PROMOCION INTERNA


Realización cursos selectivos. Personal de Justicia

Se publica la relación de participantes seleccionados para los cursos selectivos del Cuerpo de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa , Promoción Interna de la OEP 2011 que se celebrará el próximo mes de Septiembre, en Sevilla y Málaga del 17 al 28 de Septiembre, en horario de mañana.

Referencias:

Gestión Procesal y Administrativa.Promoción Interna

miércoles, 8 de agosto de 2012

"EL COSTE SOCIAL DEL PRIMER RESCATE "BLANDO"



Digital PUBLICO, de 7 de agosto. Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).
El gobierno del Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, a fin de responder a las condiciones puestas por las autoridades de la Unión Europea para permitir al gobierno español retrasar un año el cumplimiento del mandato de reducir su déficit público a una cantidad igual o inferior al 3% de su PIB, ha enviado un presupuesto para el período 2012-2014 a Bruselas que intenta alcanzar tal objetivo, la reducción del déficit. En tal propuesta el gobierno español se compromete –para conseguir tal reducción del déficit- a obtener durante este periodo 102.000 millones de euros mediante subidas de impuestos (la mayoría indirectos) y recortes de gasto público  (y muy en particular del gasto público social, gestionado por la Comunidades Autónomas) que podría significar el desmantelamiento del Estado del Bienestar español que ya es, ahora, el menos financiado de todos los Estados del Bienestar existentes en los países de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (el gasto público social por habitante en España es el más bajo de la UE-15).
Según tal presupuesto, los ingresos conseguidos a base de un aumento de impuestos y recortes de gasto público serían de 13.118 millones de euros para este año 2012, 38.956 millones en 2013 y 50.075 millones en 2014. Para alcanzar estas cifras se subirá el IVA, consiguiéndose, según el documento, 2.300 millones de euros este año, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. El resto, hasta alcanzar los 102.000 millones de euros, se conseguirá principalmente a base de recortes de gasto público incluyendo gasto público social. En sanidad y en educación públicas, por ejemplo, se recortarán 15.000 millones de euros (procedentes en su gran mayoría de la Comunidades Autónomas, que reciben recortes proporcionalmente más elevados que el Estado central). Se recortarán también las pensiones (aunque ello no se cita) pues el presupuesto requiere un recorte sustancial (exigido por Bruselas) de las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social, tanto en 2013 como en 2014 (medida que se exige por parte de la Comisión Europea, asumiendo –erróneamente- que ello facilitará la creación de empleo), sin indicar como se rellenaría el agujero en los fondos de la Seguridad Social como consecuencia de tales recortes (el documento habla que el Estado absorberá el coste de las pensiones no contributivas sin aclarar, sin embargo, su coste y su ahorro definitivo).
Todas estas medidas se proyectan realizar con el objetivo de reducir el déficit público a un 4,5% en 2013 y (¡por fin!) a un 2,8% en 2014. Para llegar a este escenario se asume que el PIB español –según el documento- bajará un 0,5% en 2013, y crecerá un 1,2% en 2014 “debido a las reformas estructurales emprendidas”, de las cuales las más importantes son las reformas laborales (que han tenido como consecuencia la destrucción de empleo y la bajada de salarios). Estas cifras, por cierto, no concuerdan con las cifras más realistas de evolución económica del país producidas por el FMI, por la OCDE, y por la propia Comisión Europea que todas ellas predicen una caída del PIB mucho más acentuada.
  EL ATAQUE A LA ESPAÑA SOCIAL
Ahora bien, independientemente de la credibilidad de tales cifras, hay dos hechos que son muy preocupantes. Uno es que tales recortes significan un ataque frontal al Estado del Bienestar español. Ni que decir tiene que el documento intenta ocultar este hecho, refiriéndose a los recortes de gasto que se les exigirá a las CCAA, sin aclarar que son precisamente las CCAA las que gestionan los fondos públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos representan la mayoría del gasto público autonómico. El imposible que el gobierno Rajoy no sea consciente de que estos recortes, en el país que tiene un gasto en su Estado del Bienestar más bajo de la UE-15, significarán la desaparición del Estado del Bienestar universal transformándolo en un estado asistencial para las personas menesterosas. Este es, por cierto, el objetivo explicitado en las declaraciones del Sr. Draghi, presidente del Banco Central Europeo, al Wall Street Journal, al afirmar que el Estado del Bienestar universal no es viable actualmente (24.02.12). El ataque a la Europa Social que está llevando a cabo la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) –con estos recortes- tendrá su máxima expresión en España.
Pero la otra gran preocupación es que estos recortes no conseguirán lo que en teoría intentan conseguir. Es decir, no alcanzarán la reducción del déficit a la que aspiran, ni lograrán la famosa “confianza de los mercados”, ni estimularán la economía. Veamos lo primero: la reducción del déficit. Es más que probable que con estos recortes el déficit público se mantenga al nivel en el que está. La razón para ello es fácil de ver. El limitado conocimiento de cómo se generan los ingresos y los gastos en el Estado y como tales recortes de gasto público afectará a estos ingresos explica el error de tal supuesto, el cual tiene una visión excesivamente mecanicista de cómo se establece el déficit público. Se asume, que si el gasto es, por ejemplo, 15 euros, y los ingresos sólo 10 euros, el déficit es de 5 euros. Se supone entonces  que para reducir el déficit hay que reducir el gasto en 5 euros. Parece lógico, pero no es real, puesto que cada variable en esta definición afecta a las otras variables, no de una manera mecánica, sino en un modo interactivo. Es decir, si el Estado recorta 5 euros, ello puede implicar que el Estado deje de ingresar 10, pues la actividad económica disminuirá, y con ello los ingresos al Estado bajarán. Así, los recortes en sanidad significan una destrucción de empleo en el sector sanitario, con la consiguiente disminución de la demanda originada por estos trabajadores de la sanidad pública que ahora estarán en el paro. Y los recortes sanitarios tienen también como consecuencia que el Estado compra menos material sanitario, disminuyendo así la demanda de tales productos.
En consecuencia, habrá un bajón de la demanda y de la actividad económica, y con ello una disminución de ingresos al Estado. Volviendo a nuestro ejemplo, el recorte de 5 euros también disminuye los ingresos al Estado, que pasan a ser menos de los 10 euros que habían considerado erróneamente que se mantendrían constantes. La realidad es que ya no serán 10 euros, sino menos, con lo cual el déficit público puede mantenerse tal como está o incluso aumentar.
Un punto clave en este cálculo es conocer como los recortes de gasto público afectarán negativamente la actividad económica y, con ello, los ingresos al Estado. Técnicos de la OCDE han hecho tales cálculos para España. Por cada descenso del crecimiento económico del PIB de un 1%, los ingresos al Estado debido a la bajada de Impuestos de Sociedades disminuyen un 1,38% y los ingresos debidos a los impuestos del IRPF (sección Rentas del Trabajo) se reducen un 1,48%, lo cual es un porcentaje importante. Pues bien, la OCDE calcula que el PIB decaerá un 3,8% en 2012 y un 4% en 2013 (mucho más realista que la calculada por el gobierno Rajoy), con lo cual la bajada de ingresos al Estado será considerable, impidiendo conseguir las metas que el gobierno Rajoy ha asumido. De estos datos también se deriva que es mucho más importante para reducir el déficit estimular el crecimiento económico que recortar gasto público. Vemos así, pues, que los recortes, que indudablemente, tendrán un impacto en reducir el crecimiento económico, tendrán también un impacto negativo en la recaudación de ingresos al Estado.
¿RECUPERANDO LA CONFIANZA DE LOS MERCADOS?
Tampoco es probable que estas medidas de gran austeridad de gasto público con recortes recuperen la confianza de los mercados. En realidad, lo opuesto es lo que está ocurriendo. A cada propuesta del gobierno de recortar gasto público ha habido un aumento de la prima de riesgo de la deuda española lo cual tiene una lógica pues tales mercados están preocupados principalmente por el escaso crecimiento o crecimiento negativo de la economía española y son conscientes de que estos recortes afectarán negativamente el crecimiento económico. Incluso las famosas agencias de evaluación de la deuda pública (Standard & Poor’s, Moody’s y otras), meros instrumentos de la gran banca, han hecho referencia a esta realidad: es la falta de crecimiento de la economía (que se reconoce por las propias agencias, debida, en parte, a los grandes recortes) la que crea desconfianza en tales mercados respecto a la capacidad del Estado de poder pagar sus deudas.
¿QUÉ ES LO QUE DEBERÍA HACERSE?
Ni que decir tiene que la integración de España en el euro limita en gran manera lo que el Estado español pueda hacer. El gobierno ha perdido gran capacidad de decisión, resultado de las políticas dictadas por la Troika, políticas todas ellas imbuidas del dogma neoliberal que beneficia a ciertos sectores europeos y nacionales que explica su existencia y persistencia.
Ahora bien hay que diferencia entre los conceptos “limitar” o “condicionar” y determinar. El gobierno español tiene espacio para llevar a cabo políticas alternativas a las que se están tomando. Pero para considerar tales alternativas, hay que ser consciente que de todas alternativas posibles, la peor, es la que está siguiendo el gobierno Rajoy, y que consiste en condenar a España a continuar en la situación actual que es intolerable por sus enormes costes sociales, humanos y económicos.
Otra alternativa sería, sin abandonar el intento de reducir el déficit, intentar hacerlo mediantes medidas de estímulo del crecimiento económico y creación de empleo, resolviendo el drama humano y social que es también el mayor problema económico que tiene España: el desempleo. Y puede hacerse, si hay voluntad política (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). Hay que entender que España no es un país pobre. Su PIB per cápita es el 94% tal promedio de la UE-15. Su gasto público per cápita es, sin embargo, solo el 72% del promedio de la UE-15. Si fuera 94%, el estado ingresaría 66.000 millones de euros al año más de los que ingresa. Tales recursos existen en España pero el Estado (sea el central, el autonómico o el municipal) no los recoge. Y ahí está el quid de la cuestión. Y no los recoge porque los partidos gobernantes no han querido y continúan sin querer enfrentarse con aquellos poderes fácticos y con las clases más pudientes que tienen un enorme poder (incluyendo poder mediático y político además de económico en el país).
Si el Estado recuperara el impuesto del patrimonio el Estado conseguiría 2.100 millones de euros más; si eliminara las reducciones de impuestos de sucesiones ocurridos en los últimos quince años podría añadir 2.552 millones anuales más a las arcas del Estado; si eliminara también la reducción de impuestos de las empresas que facturan más de 150.000 millones al año (y que representan solo el 0.12% de todas las empresas) se conseguirían 5.300 millones más al año; si erradicara el fraude fiscal de las grandes fortunas, y de aquellas grandes empresas, 44.000 millones de euros más al año; si eliminara las ayudas a la Iglesia para impartir docencia de religión en las escuelas públicas (582 millones de euros) o el equipamiento militar en helicópteros Tigre y otro medios (1.500 millones) y así un largo, largo, etcétera.
Como mostramos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro citado anteriormente, por cada recorte de gasto público (que daña el bienestar de las clases populares) podrían haberse tomado otras medidas que hubieran conseguido incluso más ingresos al Estado y que ni siquiera fueron considerados porque implicaban un enfrentamiento con poderes fácticos y con las clases pudientes no desearon.
Políticas alternativas
Un tanto igual estamos viendo ahora en los recortes que se están imponiendo. Una vez más, el gobierno Rajoy está intentando recortar el déficit        primordialmente mediante recortes del gasto público siguiendo las instrucciones de Bruselas, y que incluyen reducciones de las presentaciones de desempleo, recorte de los sueldos de empleados públicos, y recortes de gasto y personal de los servicios públicos. Los técnicos de Hacienda, Gestha (que han tenido gran certeza en sus cálculos y proyecciones, ganando una merecida credibilidad) han estimado que con las medidas propuestas por el gobierno Rajoy, el Estado recogerá entre 20.000 y 22.000 millones de euros anuales (incluyendo la subida del IVA que gravará el consumo).
Gestha calcula que tal cantidad podría haberse conseguido mediante otras medidas que no habían afectado a las clases populares y sí en cambio a los grupos fácticos y rentas superiores, tales como un nuevo impuesto de Riqueza (que sustituiría el impuesto sobre el patrimonio que desaparecerá este año), un crecimiento de un 5% adicional en el impuesto de sociedades para las empresas con beneficios por encima de un millón de euros al año, y un impuesto a las transacciones financieras. Ni que decir tiene que estas alternativas ni siquiera han sido consideradas.
El Estado (tanto central, como autonómico, como local) debería recoger los 66.000 millones de euros que el país tiene pero que el Estado no recoge y con ello crear empleo, como medida de estimular la demanda y el crecimiento económico. En contra de lo que se aduce, España tiene una enorme pobreza de empleo en sus servicios públicos. Solo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, y otros. En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se alcanzara en España, habría cinco millones nuevos de puestos de trabajo, número que coincide con el número de desempleados. Con tal medida pues se eliminaría el desempleo.
Y, en contra también de la sabiduría convencional, esta inversión podría financiarse. Si España tuviera los mismos ingresos al Estado que tiene Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año, con lo cual podrían financiarse tales inversiones sociales y físicas que estimularían la economía y eliminarían el déficit. El hecho de que este planteamiento se considere “radical” o “utópico” (algunos lo han llamado demagógico) habla mucho del dominio asfixiante que el neoliberalismo tiene en la cultura hegemónica mediática y política del país. Así de claro."

lunes, 6 de agosto de 2012

GESTION TURNO LIBRE. PUBLICADAS LAS LISTAS DE APROBADOS DEL TERCER EJERCICIO



Se ha publicado en la página del Ministerio, mediante acuerdo de 03 de agosto, las listas de aprobados del  tercer ejercicio de gestión turno libre y de la fase oposición y asimismo se abre el plazo para presentar la documentación acreditativa de las pruebas de idioma autonómico y derecho foral y se convoca a la realización de las mismas.

EL GOBIERNO DE RAJOY ANUNCIA LA CONGELACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS

 EL PLAN PREVÉ RECORTAR LOS GASTOS DE PERSONAL EN MÁS DE 14.000 MILLONES HASTA 2014
 El gobierno de Rajoy ha aprobado y remitido Bruselas el llamado Plan Presupuestario 2013-2014, que prevé un ajuste de más de 100.000 de euros hasta 2014. Este llamado ajuste de realizará sobre todo recortando el gasto y, en menor medida, aumentando impuestos, fundamentalmente el IVA. De este modo, se disminuye drásticamente el gasto público, recortando la protección a los desempleados, la dependencia y el presupuesto general de las administraciones públicas.
 En materia de función pública la reducción prevista es de más de 14.000 millones de euros, en lo que queda del presente año  y durante los años 2013 y 2014. En esta cantidad se incluyen la supresión de la paga extra de Navidad de este año, la eliminación de días de asuntos particulares (en nuestro caso, además de los adicionales por antigüedad, perdemos 6 días), la reducción de la protección en situaciones de IT, la disminución de créditos horarios sindicales y la congelación de la oferta de empleo público.
 Además el Plan anuncia una reestructuración completa del sector público autonómico y la redefinición de competencias de los ayuntamientos.
 A pesar de la falta de concreción de algunas medidas sí podemos afirmar ya que los planes del Gobierno pasan por seguir ahondando en la destrucción del precario estado del bienestar de nuestro país, por subir impuestos indirectos y, por tanto, regresivos como el IVA, y al tiempo por aprobar nuevos regalos al sector empresarial en forma de rebaja en las cotizaciones sociales. En cuanto a las administraciones públicas se deja claro que no habrá oferta de empleo público en los próximos dos años con lo que ya sumarían tres sin convocatoria. En este sentido el ahorro que se anuncia en el sector público solo puede significar nuevos recortes de derechos, consolidación, cuando menos, de las reducciones salariales, disminución de las plantillas, y, en resumen, más trabajo con menos derechos y retribución.
Como empleados públicos y como ciudadanos es imprescindible rechazar este Plan que solo puede empeorar aún más nuestras condiciones laborales y acabar con derechos sociales básicos. Cada nueva medida del Gobierno es una nueva agresión a la mayoría de la población y a sus condiciones de vida y un nuevo paso hacia el empobrecimiento y la falta de derechos de la ciudadanía.
Frente a estas acciones gubernamentales, las movilizaciones de rechazo tienen que seguir y aumentar hasta donde sea necesario para detener el atropello al que estamos siendo sometidos. Por todas estas razones en agosto se mantienen las movilizaciones que en los próximos meses irán a más.


                                                          

viernes, 3 de agosto de 2012

EN EL BOE SE PUBLICA ORDEN DEL CONCURSO DE TRASLADOS

     


En el BOE de hoy, 3 de agosto,  se publica la Orden del Ministerio de Justicia por la que se resuelve provisionalmente un concurso de traslados cuyos listados de excluidos y anexos III NO HAN SIDO PUBLICADOS, pues el ministerio de Justicia anunció su retirada y la próxima publicación de los listados de adjudicaciones el LUNES 6 DE AGOSTO, fecha en la que también publicaría la Orden en el BOE, aunque hoy nos encontramos con esta publicación. 

Puestos en contacto con el Ministerio nos asegura que ha sido un error del BOE pues ya le avisaron que tenía que publicarla el lunes y a solicitud de CCOO de que el lunes, una vez publicadas las relaciones de excluidos y las adjudicaciones en la pagina web del ministerio, comenzara el plazo para reclamaciones, el Ministerio ha rechazado esta solicitud alegando que hay plazo más que suficiente hasta el 15 de septiembre para presentar las reclamaciones, una vez que los interesados comprueben a través del Anexo III  (introduciendo el NIF en el recuadro que se publicará el lunes en la página web) los destinos adjudicados.

Además, el ministerio ha confirmado que la retirada de los listados de adjudicaciones publicada el día 31 de agosto se ha debido fundamentalmente a un problema informático al volcar los datos de las instancias confeccionadas por internet y que están resolviendo. Pero a pesar de la nueva resolución seguro que seguirán existiendo errores, sobre todo aquellos que reingresan en un cuerpo sin antigüedad alguna, pues hay muchos casos que han aparecido excluidos por no tener la antigüedad necesaria de dos años como mínimo para concursar, y que tendrán que reclamarlo individualmente si siguen apareciendo excluidos. 

La Orden que se publica hoy y cuyo enlace os adjuntamos es por tanto, según el Ministerio, válida y en ella se dispone que el plazo para reclamar comienza a partir de mañana y hasta el 15 de septiembre (sábado), así como los números de faxes del ministerio donde remitir el modelo de alegaciones (anexo IV) y la documentación que deba adjuntarse, dirigido a la atención de "Concursos-Despacho 220", a los nº: 91-3904295, 91-3902394, 91-3904279, 91-3904250, 91-3902076
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
  • Orden JUS/1722/2012, de 23 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III del concurso de traslado convocado para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

RETIRADA DE LAS LISTAS PROVISIONALES




Tras la publicación en la página del Ministerio de Justicia de los listados provisionales del concurso de traslado, han sido retiradas y en su lugar aparece el siguiente texto:


"Resolución provisional Concurso Gestión, Tramitación y Auxilio anunciado por Orden JUS/1084/2012, de 30 de abril.

1 de agosto de 2012
Debido a problemas informáticos, la información referente a la resolución provisional del concurso de traslados anunciado por Orden JUS/1084/2012, de 30 de abril, queda sin efecto hasta la subsanación de dichas incidencias.
La resolución provisional se colgará nuevamente en la página web del Ministerio el próximo día 6 de agosto, lunes, así como la Orden de 23-7-2012 en el Boletín Oficial del Estado, por la que se hace pública dicha resolución."