CCOO
exige la paralización de LexNet y las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia hasta solventar los problemas
Madrid,
4 de agosto de 2017
Los
fallos en el sistema de seguridad de LexNet son solo la punta del
iceberg de una nefasta gestión que exige la asunción de
responsabilidades políticas y el cese o dimisión de sus
responsables. La implantación de nuevas tecnologías de forma
precipitada a través de contratos opacos, sin coordinación con las
administraciones autonómicas y sin formar suficientemente a la
plantilla ha provocado el caos en los órganos judiciales.
El
Sector de la Administración de Justicia de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO
exige la paralización inmediata de LexNet y del Expediente Judicial
Electrónico, más conocido como “papel 0”, hasta que no se dé
solución a la gran cantidad de problemas detectados: l
os sistemas y programas informáticos no son fiables, no son seguros, no son suficientes, no se han implantado de forma programada y no se ha dado la suficiente formación a la plantilla. El Sector en coordinación con FSC están presentando iniciativas, gestiones y contactos a todos los niveles para solucionar los graves perjuicios creados.
os sistemas y programas informáticos no son fiables, no son seguros, no son suficientes, no se han implantado de forma programada y no se ha dado la suficiente formación a la plantilla. El Sector en coordinación con FSC están presentando iniciativas, gestiones y contactos a todos los niveles para solucionar los graves perjuicios creados.
La
necesaria implantación de las nuevas tecnologías debió comenzar a
hacerse de forma paulatina, con experiencias piloto que hubieran
permitido detectar y corregir los fallos puntuales que ahora son
globales, con la participación y el reconocimiento de la labor de
los empleados y empleadas públicas que las utilizan, y negociado con
los representantes sindicales por la modificación sustancial de los
métodos de trabajo.
El
Sector de Justicia de FSC-CCOO
responsabiliza directamente al ministro Catalá de esta nefasta
gestión pero también a todos los máximos responsables de su equipo
(Secretaria de Estado, Secretario General y Subdirector de Nuevas
Tecnologías) que se han negado a escuchar las continuas quejas desde
todos los operadores jurídicos, incluido este sindicato, que han
venido advirtiendo de las constantes caídas de las aplicaciones
informáticas, de su lentitud y de su falta de capacidad, de la
insuficiencia de recursos destinados para la atención a los
usuarios, de la inexistente política de formación profesional, etc.
Frente
a ello, y por causas que debería explicar el ministro en el
Parlamento, se optó por la precipitación, por la contratación a
través de empresas tecnológicas con total opacidad, por seguir
adelante de forma tozuda y propagandística a pesar de los continuos
fallos y caídas del sistema que se vienen produciendo con asiduidad,
por la no coordinación con las administraciones autonómicas con
competencias transferidas y, según las últimas noticias publicadas,
sin poder garantizar el secreto y la confidencialidad de las
diligencias judiciales y de los datos de carácter personal
contenidos en las mismas.
También
se ha denunciado el hecho de que el poder ejecutivo sea el poseedor
de los sistemas informáticos y, por ello, tenga acceso a todas las
actuaciones judiciales, lo que puede contravenir la no injerencia en
el poder judicial a la que obliga la Constitución Española.
Para
CCOO,
todo este cúmulo de despropósitos exigen la adopción de medidas
contundentes y necesarias que deben exigir los partidos políticos de
la oposición, como la paralización de todos los proyectos
tecnológicos del Ministerio de Justicia, el diseño de una nueva
estrategia de implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia, el control parlamentario y judicial de
las adjudicaciones de los contratos a determinadas empresas y, por
supuesto, la exigencia de responsabilidades, en forma de dimisión o
cese, a quienes resulten ser responsables de este desatino que, sin
duda, ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas mientras
siguen sin solucionarse los gravísimos problemas que afectan al
servicio público de la Administración de Justicia.
Contacto:
Luis Calero, secretario general del Sector de Justicia de CCOO.
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