Tener un trabajo, ¿privilegio maldito?

Tener un trabajo, ¿privilegio maldito?

El gobierno central está adoptando la malsana costumbre de querer flexibilizarlo todo como única forma de salir de la crisis, y se vale para ello de continuas reformas que atacan de manera indiscriminada derechos y condiciones laborales. Se olvida de que con esas reformas, con la laboral como baluarte, lo único que ha generado ha sido desempleo, precariedad en las condiciones de trabajo y enfermedad. Y digo bien, porque a las personas que en estos momentos encuentran un empleo o han conseguido mantener el suyo se les inculca de tal manera la idea de que son unas privilegiadas que están dispuestas a aceptar los cambios que quiera el empresario en sus condiciones de trabajo antes de perder ese “privilegio”.

Las estadísticas reflejan que nos encontramos con un nuevo fenómeno, el “presentismo laboral”, con trabajadores y trabajadoras que acuden a sus puestos de trabajo pese a estar enfermos por temor a represalias, que pueden llegar incluso al despido, con el consecuente aumento de enfermedades como la ansiedad o la depresión. Este fenómeno rebate de pleno el argumento de frenar el absentismo laboral, esgrimido por el gobierno para aprobar una nueva reforma, la de las mutuas, que lo único que hace es darle más poder a las empresas y traspasar competencias de los profesionales del servicio público de salud a los médicos de las entidades privadas bajo la figura del silencio administrativo positivo. Si los trabajadores ya tenían miedo de ponerse enfermos por temor a perder su empleo, ahora con esta reforma es que directamente se les limita hasta el derecho a enfermar.

La Ley de Mutuas es, junto con la reforma laboral, el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las empresas ya que con ella se le otorga a estas asociaciones empresariales de carácter privado, la potestad de solicitar el alta médica de la persona trabajadora a las Unidades de la Inspección Médica del

Servicio Público de Salud cuando el trabajador está de baja temporal por enfermedad común. Esas Unidades son las encargadas de trasladar la solicitud al médico de cabecera pero, si en el plazo de cinco días no se responde a esa petición, se produce el alta de manera inmediata por silencio administrativo positivo.

Sinceramente, dudo mucho que los casi seis millones de personas desempleadas que hay en España y los “privilegiados” que tienen un empleo, quieran quedarse en sus casas y perder un privilegio que, eso sí, puede acabar siendo hasta perjudicial para su salud.

Y es que el gobierno vuelve a olvidarse de que el mayor capital de una empresa es su capital humano y en lugar de protegerlo, lo lleva a límites más propios del siglo XIX acabando de un plumazo con años de conquistas, ya no solo laborales, sino de derechos que influyen directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

El otro argumento esgrimido por el gobierno para aprobar la reforma de la Ley de Mutuas también cae por su propio peso ya que no se puede hablar de asegurar la sostenibilidad del sistema cuando los últimos datos oficiales indican que de las 20 mutuas que componen el mercado mutual solo cuatro han presentado ligeras pérdidas.

El gobierno ya nos tiene acostumbrados a sus barbaridades pero la barbaridad no puede convertirse en norma y por eso hace ya varios meses que CCOO ha iniciado una campaña informativa en empresas y centros de trabajo de toda Andalucía para aunar esfuerzos contra este abuso empresarial auspiciado por el gobierno.

La Junta de Andalucía, que también está adoptando la mala costumbre de dar la callada por respuesta, no puede guardar silencio públicamente en este tema, y debe dar una respuesta alta y clara de rechazo a esta Ley, garantizando el derecho constitucional a la protección de la salud recogido en el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, ya que la nueva norma supone además una invasión clara del gobierno central en las competencias públicas del servicio andaluz de salud.

Las acciones del gobierno no pueden hacerle olvidar a la ciudadanía que tener un empleo es un derecho, no un privilegio y mucho menos perjudicial para la salud de quien lo tiene.