CCOO
IMPULSA LA MOVILIZACIÓN DE TODO EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, Y DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA LA RECUPERACIÓN Y
LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DERECHOS QUE NOS HA SAQUEADO EL GOBIERNO
Para
CCOO
es absolutamente insuficiente, y una burla al personal de las AAPP, la
devolución de solo un día de asuntos particulares, mientras el Gobierno
mantiene la estafa del resto de nuestros derechos
ANTE LAS MENTIRAS,
GROTESCAS Y RIDÍCULAS DECLARACIONES DE MONTORO, LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PÚBLICOS EXIGIMOS QUE SE NOS
DEVUELVAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS QUE EL GOBIERNO DE RAJOY NOS
ROBÓ EN JULIO DE 2012 (MEDIANTE LA
APROBACIÓN DE RDL 20/2012)
EL PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y DEL RESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EXIGIMOS A MONTORO QUE SE NOS DEVUELVAN IGUALMENTE LAS RETRIBUCIONES RECORTADAS
EN MAYO DE 2010 POR EL ANTERIOR GOBIERNO
PORQUE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PÚBLICOS
NO SOMOS RESPONSABLES DE LA INCAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS SOBRE CÓMO AFRONTAR
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE UNA CRISIS, QUE SOLO ELLOS Y LOS PODERES ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS HAN GENERADO
El
gobierno de Rajoy ha cometido en los dos años que lleva gobernando ataques
despiadados a los servicios públicos y a los derechos del personal de las
Administraciones Públicas en general, y en particular de la Administración de
Justicia.
Entre
los numerosos ataques que el gobierno de Rajoy ha realizado en dos años, se
encuentran, entre otras, decisiones tan graves:
- la
privatización y desmantelamiento de numerosos servicios públicos como la
enseñanza y la sanidad públicas, la justicia, el
ataque y el enorme recorte de los derechos sociales como las pensiones y
los servicios sociales (ayudas a la dependencia, recorte generalizado de
becas,..….)
- el retroceso en los
derechos y libertades democráticas con el establecimiento
de nuevas normas coactivas a la ciudadanía para impedir la defensa de sus
derechos cuando son atropellados por el poder (elaboración de un nuevo
código penal y una nueva ley de seguridad ciudadana que pretenden castigar
a las personas que utilizando el derecho de manifestación que un estado
democrático tiene obligación de garantizar, convertirlo en un acto ilegal;
el establecimiento de sanciones administrativas con multas de 600.000
euros por defenderse de acciones eventualmente ilegales de los cuerpos de
policía en manifestaciones o concentraciones, o por defenderse ante un
desahucio o por manifestarse protestando las injustas decisiones y abusos
de un responsable político, actuaciones hoy perfectamente legales…),
·
la aprobación de leyes
como la de tasas judiciales, con el único objetivo de violentar el derecho a la
tutela judicial efectiva para impedir a la inmensa mayoría de la ciudadanía a acudir a la Justicia, lo que es un derecho
fundamental establecido en la Constitución….Y muchas otras agresiones.
Además,
las empleadas y empleados públicos hemos sufrido desde 2010, entre otros
ataques:
1.- la eliminación de la OEP, la amortización de miles
de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas, el despido de miles de personas interinas, ERE,s de extinción de
contratos de personal laboral, que han supuesto ya más de 300.000 empleos
públicos menos.
2.- el recorte salarial por dos veces (en mayo de 2010, con un recorte medio
del salario mensual superior al 5%, alcanzando el 7 % en algunos cuerpos y
categorías; y en diciembre de 2012, con la supresión de la paga extra de
navidad, que representó aproximadamente un 7 % del salario anual) y la
congelación salarial en cinco ocasiones, que acumula una pérdida de poder
adquisitivo del personal de la Administración de más del 30% en estos años.
La
eliminación de la paga extra de 2012 al personal de la Administración de
Justicia se ha demostrado, con la última sentencia judicial del Juzgado
contencioso de Sevilla, no solo como un profundo ataque lleno de injusticia
sino profundamente ilegal, porque dicha paga ya había sido devengada
completamente en diciembre de 2012, cuando se publicó el 28 de ese mes la
reforma de la LOPJ que le daba carta legal de naturaleza. No solo el Gobierno
lo sabía sino que ha demostrado lo profundamente arbitrario de su actuación y también
su incapacidad para legislar.
3.- la supresión de derechos establecidos en las normas
legales y conquistados a lo largo de los últimos 30 años, como la supresión en
la Administración de Justicia (regulados, hasta diciembre de 2012, en la LOPJ) de
seis días de asuntos particulares (en el resto
de las Administraciones, tres días), la eliminación de los días de permiso
adicionales de vacaciones y asuntos particulares en razón de los años de trabajo
en la Administración.
4.- el ataque al derecho a la salud del personal de todas las
Administraciones Públicas con el recorte salarial del 50 % de las retribuciones
íntegras en los tres primeros días de baja por incapacidad temporal y del 25 %
desde el cuarto día hasta el vigésimo.
Por
ello, exigimos a Montoro que reponga todos estos derechos del personal de las
Administraciones Públicas y en las mismas condiciones, y se deje de mentiras y
de utilizar a las empleadas y empleados públicos como herramientas a las que se
usa como arma electoral, ahora que se acercan las elecciones europeas, antesala
de las autonómicas y de las locales.
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y de
todas las Administraciones Públicas, no queremos dádivas de Montoro (porque la devolución de un día de
asuntos particulares, mediante la enmienda a la Ley
Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, es para CCOO
absolutamente insuficiente),
porque estos derechos son nuestros y no de Montoro ni del Gobierno de turno, y porque
han sido saqueados violentamente al personal de las Administraciones públicas.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos representativos
de la Administración de Justicia para que se unan en esta batalla para
recuperar todos nuestros derechos.
Reconquistemos lo que
es nuestro, sin contrapartidas
No renunciemos a ningún
derecho
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