NOTA DE PRENSA
CCOO solicita a la nueva ministra Dolores Delgado medidas
concretas para mejorar la Justicia y las condiciones laborales de
quienes trabajan en ella.
El sindicato considera imprescindible y urgente un plan de choque
para poner al día 300 juzgados actualmente colapsados y la creación
de 400 nuevos órganos judiciales, además del cumplimiento de los
acuerdos alcanzados con el gobierno saliente, que éste no cumplió.
El deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia exige,
a juicio de CCOO, la aplicación de actuaciones concretas e
inmediatas como, por ejemplo, las que el sindicato ha solicitado a la
nueva ministra para la especialización y mejora en la atención a
las víctimas de la violencia sobre la mujer, la defensa del
mantenimiento de las oficinas del Registro Civil en todas las
localidades, una nueva y mejor estrategia para la implantación de
las nuevas tecnologías y el expediente judicial electrónico y de la
nueva oficina judicial y fiscal, así como la mejora de la gran
cantidad de instalaciones y edificios judiciales donde se incumplen
las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud.
Pero fundamentalmente este sindicato entiende que el número de
jueces y juezas y demás personal es absolutamente insuficiente en
gran cantidad de capitales de provincia y partidos judiciales y
estima necesario el incremento de estos medios personales en una
cifra que rondaría los 4000 nuevos efectivos de las carreras
judicial y fiscal, de los cuerpos funcionariales de Letrados, Médicos
Forenses, Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial, cuerpos
especiales del Instituto Nacional de Toxicología (Facultativos,
Técnicos Especialistas y Auxiliares de Laboratorio) y de las
diversas categorías del personal laboral que asiste a la
administración de justicia (Personal de Psicología, Trabajo Social,
Educadores, Peritos Tasadores/as, Intérpretes-traductores/as,
Oficial de Actividades específicas, de Autopsias y otras
categorías).
CCOO ha solicitado también a la ministra Delgado medidas para
dignificar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que
trabaja en los juzgados, tribunales y fiscalías. Algunas de ellas ya
pactadas con el gobierno saliente desde hace años y que no llegó a
dar cumplimiento, como son la conversión en plantilla de las plazas
de refuerzo de tres o más años de antigüedad, la devolución de la
totalidad de los días de permiso, la corrección de más de 150.000
errores de cotización a la Seguridad Social por periodos trabajados
y no reconocidos al personal interino, la convocatoria de más de
10000 plazas en las ofertas de empleo público de los años 2017 a
2019 que debió comenzar el pasado año, la negociación del Plan de
Igualdad, la eliminación de los descuentos en los casos de baja
laboral o la recuperación de la jornada laboral de 35 horas
semanales.
Junto a ello el sindicato sigue insistiendo en que se eliminen las
diferencias retributivas que dependen de la localidad o de la
comunidad autónoma en que se trabaje; la extensión del complemento
de productividad (que solo cobran jueces, fiscales y letrados) al
resto de los cuerpos y categorías profesionales; el reconocimiento
de la carrera profesional y el incremento de las plazas reservadas
para la promoción interna; la elevación de los fondos destinados a
la acción social, a la formación y a las prestaciones de la
Mutualidad General Judicial, al menos para recuperar los niveles
anteriores a los duros recortes del año 2012; el 100% de las
retribuciones cuando se realizan tareas de un cuerpo de superior
titulación por sustitución, y el cumplimiento de las leyes y
directivas y del pacto de estado en materia de violencia sobre la
mujer, mediante la especialización y formación de quienes trabajan
en los órganos judiciales que atienden a las mujeres víctimas de
estos delitos y su reconocimiento profesional y retributivo.
CCOO ha solicitado por último a la ministra, tras felicitarla por su
nombramiento, que se paralice la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial impulsada por el ministro Catalá, en especial en lo
referente a que el municipio sea el centro de destino del personal
funcionario, en lugar de que sea, como lo es en la actualidad, cada
uno de los centros de trabajo de la localidad, ya que esto puede
provocar reducciones en las retribuciones y otros derechos laborales
de los trabajadores y las trabajadoras.
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