CCOO
reclama en el Congreso de los Diputados la creación urgente de 400
nuevas plazas de jueces y 3.400 plazas del resto de personal de la
Administración de Justicia
El
número de asuntos por órgano judicial ingresados en 64 de los 431
partidos judiciales sobrepasa con creces la media nacional y aboca a
determinados órganos judiciales al colapso
Felicidad
López, representante del Sector de Justicia de FSC-CCOO compareció
en la Subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para la
Estrategia Nacional de Justicia en la que se abordan propuestas de
todos los operadores jurídicos para la mejora de la Administración
de Justicia.
Cuatro
son los ejes en los que se están basando los trabajos de esta
subcomisión y en el primero de ellos, llamado “Modernización:
Agilización y Reorganización de la Justicia”, CCOO ha
reclamado que se haga una evaluación de los resultados que han dado
los modelos organizativos que se están implantando, como la nueva
oficina judicial y fiscal, la jurisdicción civil y penal conjunta o
separada en los juzgados o la atribución a j
uzgados en exclusiva de determinadas materias (como familia o ejecuciones penales, por ejemplo). A juicio de CCOO, la implantación de esta organización de los juzgados se está haciendo de forma irregular y caprichosa y una evaluación de sus resultados se hace imprescindible para conocer el acierto o no de los nuevos modelos organizativos.
uzgados en exclusiva de determinadas materias (como familia o ejecuciones penales, por ejemplo). A juicio de CCOO, la implantación de esta organización de los juzgados se está haciendo de forma irregular y caprichosa y una evaluación de sus resultados se hace imprescindible para conocer el acierto o no de los nuevos modelos organizativos.
En
este mismo bloque de propuestas el sindicato ha demandado ante el
Congreso la paralización de la actual estrategia de implantación de
las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Los
conocidos fallos de LexNet y del Expediente Judicial
Electrónico hacen a CCOO apostar por una nueva estrategia de
implantación con un nuevo sistema informático integral de gestión
procesal y comunicaciones, con experiencias piloto en las que se
evalúen los resultados y extenderlas solo cuando se compruebe su
óptimo funcionamiento y con participación del personal que utiliza
las nuevas tecnologías, los y las trabajadoras de la Administración
de Justicia.
CCOO
ha puesto en conocimiento del Congreso las estadísticas de entrada
de asuntos en los órganos judiciales de toda España y ha demostrado
que los únicos juzgados y tribunales que funcionan
satisfactoriamente son aquellos que tienen una carga de trabajo
razonable en relación con el número de jueces y demás personal.
Para equipar en todos los órganos judiciales de todos los órganos
jurisdiccionales las cargas de trabajo CCOO estima necesaria la
creación de más de 300 nuevos juzgados e incrementar el número de
magistrados y secciones en las Salas del Tribunal Supremo, de algunos
Tribunales Superiores de Justicia y en ciertas Audiencias
Provinciales (Barcelona, Madrid, Sevilla y Salamanca).
CCOO
estima imprescindible la creación de 136 nuevos juzgados en
Andalucía, 63 en la Comunidad Valenciana, 29 en la Comunidad de
Madrid, 21 en Cataluña, 17 en las Islas Canarias, 16 en Euskadi, 15
en Castilla-La Mancha, 11 en la Región de Murcia y 6 en Galicia y
Castilla y León, y el resto, hasta 306 juzgados, por el resto de
comunidades y ciudades autónomas.
Además
de esta situación, desde CCOO se ha denunciado ante el Congreso que
algo más de 400 de los 3.664 juzgados existentes en España (un
11%) están atascados o al borde del colapso, con medias de asuntos
pendientes de resolver del 125% sobre la media nacional, media
quintuplicada en el Juzgado núm. 3 de Ayamonte (Huelva) que encabeza
el ránking, y duplicada, triplicada o cuadruplicada por casi 100
juzgados a lo largo de todo el territorio nacional.
Para
estos 400 juzgados CCOO ha propuesto al Congreso un plan de
choque con medidas de refuerzo urgentes que implicarían la
contratación de unos 3.600 funcionarios judiciales durante el
tiempo necesario para resolver y dar salida a los asuntos más
antiguos.
CCOO
ha propuesto además en este bloque organizativo la potenciación
y extensión de la justicia de paz para la resolución en todo el
territorio nacional, urbano y rural, de los asuntos de escasa entidad
que afecten a la convivencia y con funciones de mediación
prejudicial o extrajudicial en la resolución de conflictos.
El
segundo de los ejes de los trabajos de esta Subcomisión
parlamentaria es el relativo a la independencia judicial y a la
autonomía del Ministerio Fiscal. CCOO ha explicado en el
Congreso que la mejor estrategia para garantizar la independencia y
autonomía en la Administración de Justicia es la eliminación de
los nombramientos “a dedo” de las altas instancias de la
magistratura y de las jefaturas de los órganos de las fiscalías. El
sindicato ha propuesto que todos los nombramientos se hagan por
concurso de méritos, en el que solo se valoren los méritos
profesionales, y no por el sistema de libre designación que CCOO
califica como “uno de los cánceres de la Administración de
Justicia”.
CCOO
también ha criticado el actual sistema de selección por
oposición de jueces y fiscales. La preparación de estas
oposiciones se efectúa en la mayoría de los casos en términos de
economía sumergida por “preparadores” que cobran unos 250 euros
mensuales por alumno (eliminando así de antemano a las personas
aspirantes con bajo poder adquisitivo) y sin sujeción a ningún
control público. Frente a ello, el sindicato ha propuesto que el
Centro de Estudios Jurídicos imparta estudios de postgrado
debidamente reglados y con un sistema de becas que permita el acceso
a la carrera judicial y fiscal de todas las personas
independientemente de su nivel social y económico.
CCOO
ha rechazado la asignación de la investigación criminal al
Ministerio Fiscal en tanto que siga teniendo una estructura
jerarquizada y dependiente del Gobierno que nombra al Fiscal General
del Estado y, éste a su vez al resto de fiscales con
responsabilidades de jefatura. El sindicato entiende además que la
investigación penal en manos de los fiscales no incidiría para nada
en la mejora del servicio público que ha de prestarse desde la
Administración de Justicia ni en los tiempos de respuesta.
Para
la profesionalización y calidad de la justicia (tercer eje de
la Subcomisión) CCOO ha propuesto al Congreso el establecimiento de
carreras profesionales reales del personal de justicia (inexistentes
en la actualidad), la cobertura de todos los puestos de trabajo por
personal fijo (en la actualidad el empleo temporal ronda el 25%),
planes integrales de formación profesional que tampoco existen y el
reforzamiento de las categorías profesionales de psicólogos/as,
asistentes sociales, educadores/as, traductores/as, peritos, etc. que
tan importante labor desempeñan en la Administración de Justicia,
en especial, con los colectivos más vulnerables (menores, mujeres
maltratadas, personas extranjeras, etc.).
El
último de los ejes de los trabajos de esta Subcomisión es el
titulado “Una justicia orientada a las personas: la justicia
como servicio público”, eje en el que CCOO ha planteado que la
Administración de Justicia sea siempre un servicio público,
evitándose su privatización y revirtiéndose a lo público lo ya
privatizado (expedientes de nacionalidad, actos de comunicación,
servicios de psicología y traducción, archivos judiciales,...); que
la justicia sea cercana a la ciudadanía, manteniéndose oficinas
judiciales y del Registro Civil en todos los pueblos de España; que
los edificios judiciales y de sus servicios sean dignos y respeten
las normas mínimas de la salud laboral y accesibilidad para las
personas con dificultades de movilidad.
Por
último, CCOO ha denunciado en el Congreso que se están
incumpliendo, en relación con la violencia sobre las mujeres,
las exigencias de la ley y de las directivas comunitarias en esta
materia, sin que exista una formación profesional especializada para
el personal de la Administración de Justicia que las ha de atender,
ni espacios físicos adecuados en las sedes judiciales que garanticen
el aislamiento del agresor y de la víctima durante la tramitación
de los procesos judiciales.
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