CCOO exige a las administraciones aplazar las nuevas aplicaciones informáticas.

CCOO exige a las administraciones aplazar las nuevas aplicaciones informáticas.

• CCOO siempre ha apostado por las nuevas tecnologías para agilizar la justicia, pero No de forma chapucera y sin inversiones, ni formación suficiente.
• Han sido numerosas las quejas en este sentido, la última en reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Justicia, el pasado 16 de febrero.
• Instamos a los trabajadores y trabajadoras a hacernos llegar los problemas detectados.

Para el sindicato, las graves deficiencias del sistema denunciadas por multitud de operadores jurídicos y personal de los juzgados, tribunales y fiscalías deben obligar al equipo de Catalá a "relajar los plazos de implantación del papel cero".

En el escrito que ayer ha dirigido CCOO a la Secretaria de Estado de Justicia, el sindicato ha manifestado que "tras más de un mes y medio de la implantación obligatoria de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia y con un resultado totalmente nefasto para el servicio público y las condiciones de trabajo en los juzgados y fiscalías -como así venimos denunciando desde CCOO y otros operadores jurídicos-, la realidad se impone pese a que el ministro de Justicia y todo su departamento se obstinen una y otra vez en no reconocerlo, lo que además de exasperar a los profesionales y trabajadores de la Justicia, impide ver con claridad cuáles son las soluciones más adecuadas".

 

El Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO ha insistido en que la situación es de tal gravedad que escuchar al ministro de Justicia decir que todo va bien y que el papel cero es un hecho en la Administración de Justicia es cuando menos engañar a la ciudadanía, pues no solo es incierto, sino que en los juzgados se ha incrementado la petición de papel en un 30%, ya que todo lo que entra vía telemática tiene que imprimirse para seguir confeccionando en papel el expediente judicial y todo lo que entra en papel tiene que digitalizarse con unos medios técnicos y personales a todas luces insuficientes.

 

Mientras los trabajadores y las trabajadoras dedican una parte importante de la jornada laboral a cuestiones puramente técnicas (dar incidencias al Centro de Atención al Usuario, imprimir, digitalizar, etc.), la tramitación ordinaria de los expedientes se ralentiza considerablemente, por lo que las cuentas que expuso el ministro en rueda de prensa de la reducción de tiempo en las notificaciones  están, cuando menos, maquilladas (los ejemplos a los que se refirió el ministro en rueda de prensa son notificaciones a procuradores en una jurisdicción civil que lleva ya años llevándose a cabo).

 

Para CCOO, tomando como ciertas las cifras ofrecidas por el propio ministro sobre el ahorro para los profesionales (abogados y procuradores, de 28,6 millones de euros) se ha de concluir que una parte importante de ese ahorro se ha trasladado como un gasto añadido a las arcas públicas y por lo tanto, está siendo sufragado por las y los contribuyentes.

 

En su escrito, CCOO ha trasladado a la Secretaria de Estado la propuesta que llevó a todos los grupos parlamentarios, solicitándoles las iniciativas legislativas necesarias para el aplazamiento de la entrada en vigor de la implantación del expediente judicial electrónico y además, el sindicato ha solicitado al Ministerio el aplazamiento en la implantación generalizada y obligatoria de las comunicaciones electrónicas hasta que se garantice su éxito tanto en el ámbito del Gobierno Central como en el del resto de comunidades autónomas con competencias.

 

CCOO propone al Ministerio la apertura de negociaciones para que se aplace la obligatoriedad del expediente judicial electrónico prevista para el 7 de julio y que se determinen "órganos, jurisdicciones y/o localidades piloto" donde garantizar la puesta en marcha con garantías de las comunicaciones telemáticas, con el fin de ir extendiendo progresivamente su implantación una vez que se detecten y solucionen los problemas que se van produciendo.

 

Asimismo, el sindicato ha propuesto que se establezca un protocolo de coordinación con todas las comunidades autónomas con competencias, con el fin de garantizar la implementación a la misma velocidad en toda la Administración de Justicia; que se constituyan comisiones provinciales con todos los colectivos afectados, incluidos las y los trabajadores, con el fin de solucionar "in situ" los problemas técnicos que se detecten; que se coordinen los protocolos de implantación que se vayan deduciendo, pues a fecha de hoy, o estos no existen o son contradictorios o no llegan a conocimiento de los principales actores que son las trabajadoras y trabajadores; que se incrementen y mejoren los medios técnicos; que se dispongan medidas de refuerzo de personal, al menos, en las oficinas de registro y reparto con mayor sobrecarga derivada de esta implantación; que se acuerde igualmente el refuerzo de personal en el Centro de Atención al Usuario, ya que, pese a que se trata de un servicio externalizado del Ministerio, este no puede desentenderse de su responsabilidad y del pésimo servicio que en estas condiciones está ofreciendo la empresa subcontratada y a la que se le paga una importante cantidad por ofrecer un servicio que, en estos momentos, no es adecuado.

 

En cuanto a las condiciones de trabajo del personal de los juzgados y fiscalías, CCOO propone que se negocie un complemento retributivo para compensar el sobreesfuerzo y dedicación del personal y que se establezca un verdadero plan de formación ante la avalancha de reformas legislativas y la implantación de nuevas tecnologías.

El Sector de Admón. de Justicia en Andalucía de CCOO también ha solicitado a la Consejería que se renueve el parque de ordenadores y servidores, ya obsoletos, se adapten las plataformas informáticas a las nuevas normativas y se de formación suficiente, de calidad y continua a los funcionarios y funcionarias andaluces