CCOO ACUSA A CATALÁ DE
UTILIZAR EL ENGAÑO PARA JUSTIFICAR LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
Tras el éxito de la manifestación celebrada
el pasado sábado día 11 de sábado contra la privatización del Registro Civil,
el Ministro de Justicia Rafael Catalá, a través de agencias de noticias, sigue
intentando desactivar lo que ya es un clamor ciudadano contra dicha
privatización afirmando que “el Registro Civil no se va a privatizar y garantizado que este servicio seguirá siendo
"gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva
implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del
Registro en toda España”.
CCOO denuncia que, si sigue adelante el Gobierno con su
proyecto, sí se va a privatizar el Registro Civil: los Registradores de
la Propiedad
y Mercantiles no están integrados en la Administración , su
personal no son funcionarios públicos, los datos de millones de españoles y de
extranjeros que viven en España serán gestionados por personal de ámbito
privado y los ingresos, multimillonarios además, de los Registradores proceden de los beneficios derivados del
ejercicio de una función pública por la que cobran directamente a los
ciudadanos, como cualquier profesional liberal. Si no se va a privatizar el
Registro Civil, ¿por qué no deja que sus actuales Secretarios Judiciales y
personal de la
Administración de Justicia continuar su carrera en el nuevo
Registro Civil, aprovechando el conocimiento y experiencia adquirida durante
tanto tiempo?.
Para CCOO Catalá miente deliberadamente cuando afirma que los servicios prestados por el
Registro Civil van a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos
términos que en la actualidad. Prueba de ello son el proyecto de ley de
tramitación de la nacionalidad española por residencia, hoy en trámite en el
Senado, que establece expresamente que el Gobierno podrá establecer aranceles
para retribuir a los Registradores por todas las actuaciones derivadas de
dichos expedientes (tramitación del expediente, jura de nacionalidad,
inscripción de nacimiento y nacionalidad). O el proyecto de Ley de Jurisdicción
Voluntaria, que amplía la competencia en la
tramitación de los expedientes a
los Notarios, y permite el establecimiento de aranceles para ello. Estos expedientes,
que constituyen más del 80 % de expedientes del Registro Civil, hoy son
gratuitos y mañana dejarán de serlo. Ejemplo de gratuidad son los 4 millones
de euros que el Ministerio de Justicia va a pagar al Colegio de Registradores
de
CCOO denuncia que con la privatización no se cumple con el
imprescindible consenso con todos los grupos parlamentarios, que en su inmensa mayoría
rechazan la privatización, y con toda la sociedad. Si
hubiese consenso no estarían en contra de la privatización todas las fuerzas
políticas del arco parlamentario, salvo el PP y la mayoría de las organizaciones
sociales y ciudadanas.
CCOO rechaza que la privatización del registro suponga un
modelo más eficiente frente al actual. Si hay deficiencias o
demoras en algunos Registros se deben a la falta de dotación de medios
personales y materiales, responsabilidad del Ministerio de Justicia. Esta
semana, por ejemplo, algunos registros civiles no tenían papel para expedir
certificados, y el Ministerio no se lo suministra. Durante meses 150.000
expedientes de nacionalidad iniciados en el año 2014 han estado paralizados en
el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad , hasta que el
Ministerio ha suscrito por 4 millones de euros una encomienda para que éstos se
hagan cargo de su tramitación, en vez de ampliar el personal del Ministerio de Justicia para su tramitación y resolución, en una
solución que habría sido sin duda alguna mucho menos costosa para el erario
público.
CCOO denuncia que la privatización del Registro Civil
supondrá un servicio mucho más alejado de los ciudadanos.
Sólo habrá Registros Civiles en las capitales de provincia y algunas ciudades
de más de 100.000 habitantes, desaparecerán más de 8.000 oficinas actuales de
Registros Civiles, y las supuestas “1.100
oficinas del Registro”, que serán los Registros de la Propiedad y los juzgados
de paz, sólo lo serán para poder
presentar a través de ellas las solicitudes, como en cualquier administración o
servicio de correos, pero que no prestarán ningún otro servicio como expedición
de certificados, tramitación de expedientes o práctica de inscripciones.
CCOO denuncia la dejación del Ministerio de Justicia en la
modernización del Registro Civil. Incluso la Ley
20/2011 establece que el registro civil debe ser completamente electrónico; en
gran parte ya lo es, pues desde el año 2001 existe una base de datos común para
todas las inscripciones, y que si no se ha avanzado más en la mejora
tecnológica del Registro ha sido por la falta de inversión en el Registro Civil
desde que el PP está gobernando. Por ejemplo, desde hace 15 años es posible
visualizar, pero no imprimir, desde cualquier registro civil informatizado, las
inscripciones practicadas en otros registros civiles. Para la mejora
tecnológica de los servicios públicos no hace falta su privatización, Sr.
Catalá, basta con invertir en los servicios públicos.
CCOO exige al Ministro de Justicia a que
paralice la privatización del Registro Civil, y vuelva al consenso. CCOO reclama que el Registro Civil sea
de verdad un registro civil público, gratuito, moderno, cercano a los ciudadanos,
integrado en las Administraciones públicas y servido íntegramente por personal
de la Administración
de Justicia, y no el bodrio que pretende imponernos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario